- Por Juan Carlo Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Seguimos atravesando por una de las crisis económica y social más complejas de los últimos años, afectando al normal desenvolvimiento y evolución de nuestra macro y microeconomía.
Resulta preocupante la situación de pobreza y extrema pobreza por las que pasan miles de compatriotas, además de los elevados niveles de desocupación, que fueron agravados por la última pandemia sanitaria, en un mercado estrecho como el nuestro, donde la evolución de la gestión económico-financiera de las empresas no ha podido aún despegar a los niveles deseados, viéndose muchas de ellas obligadas a tener que reducir su plantilla de personal y otras a “bajar sus persianas”.
Nuestra actividad agrícola en lo que va del año, que ha sido históricamente el principal componente del PIB a nivel país, también se vio afectada, con una sensible disminución en la cosecha de granos vs el 2021, impactando en forma directa en el nivel de ingresos de divisas y por ende en nuestra balanza comercial.
Se agregan los niveles de inflación acumulados, siendo la de este año probablemente la más elevada, restando capacidad de compra a nuestra gente, aun considerando el último ajuste del salario mínimo en 11,3%, pero que no ha sido suficiente para la cobertura de los incrementos en los precios de artículos de consumo de primera necesidad.
Nuestra industria procesadora de granos también se ha visto afectada, pues ante la menor cosecha de soja han podido trabajar a no más del 57% de su capacidad instalada de producción, quedando ocioso más del 40%, cifra elevada, ya que tienen que hacer frente a su estructura de costos y gastos operacionales.
Estamos en un período preelectoral donde la lucha más dura se viene dando entre las dos facciones del partido de gobierno, haciendo que nuestras autoridades le hayan venido dando mayor relevancia que a los problemas domésticos que atañen a nuestras instituciones, lo cual no ayuda a que podamos ir superando la difícil coyuntura por la que venimos pasando en lo macro y microeconómico.
Se esperaba del Gobierno un protagonismo mucho más dinámico, pues como administrador de la cosa pública que es, tiene la obligación de concentrarse día a día en la problemática económica y social que nos aqueja, y que orienten sus esfuerzos a poder revertir por lo menos parcialmente la situación actual, que nos permitan abrigar esperanzas de un mejor 2023.
En los últimos 4 años, los niveles globales de endeudamiento público se incrementaron en un 84%, y el déficit fiscal del 1,5% del PIB ha trepado al 3,6% del PIB, a lo que se agregan los importantes montos de gastos corrientes que engrosan el PGN, equivalente a más del 70% de los ingresos tributarios, que nos debe llevar a realizar cuanto antes la necesaria reestructuración del Estado en los tres poderes, a través de una reingeniería global, de tal forma que la ciudadanía pueda ser acreedora de una mejor calidad de servicio, dada la continuidad de burocracia en plena era de la tecnología y procesos digitales.
Nuestros legisladores deben involucrarse mucho más en toda la problemática económica actual de nuestro país, ya que hasta ahora al menos la gran mayoría de sus plenarias están orientadas a tratar temas políticos y electoralistas y, salvo una minoría, el grueso de nuestra población no vive de eso.
Resulta lamentable que el presidente de la República siga reivindicando al régimen estronista, derrocado luego de 35 años por ser una de las dictaduras más atroces y sanguinarias de toda nuestra historia.
Miremos a toda esa gente que está pasando mal por no tener una fuente de trabajo y otras que siguen sin poder superar su situación de pobreza, un sistema de salud deficiente al igual que la calidad educativa que seguimos teniendo en un país como el nuestro donde la inversión no llega tan siquiera al 3% del PIB, cuando que lo recomendable es que no sea inferior al 7% del PIB.
Los exponentes de la producción, el comercio y la industria han mostrado su preocupación, puesto que el deficiente desempeño observado en los últimos años difícilmente podría ser revertido por esta administración gubernamental a quien ya le queda nada más que 1 año, por lo que la pesada mochila recaerá en el próximo gobierno.