Por Aníbal Saucedo Rodas

Periodista, docente y político

De tanto repetirse, las falsedades se eternizan. Terminan por imponerse a la verdad. La realidad sucumbe ante la mala copia. Las rectificaciones, con documentos a la vista, son ignoradas o se argumentan falacias para no asumir los errores que se consuman por inercia. No hay nada más sencillo que acudir a la propia fuente. Al origen de los hechos. En este caso específico se trata de un escrito político con marcación ideológica que requería la aprobación de la máxima autoridad del Partido que dispuso su redacción: la Convención. El proceso que fue pasando, hasta su adopción como documento oficial, puede encontrarse en los periódicos de la época. Es la recomendación más elemental para cualquier investigador profesional o simple curioso como método para superar dudas y confusiones.

La Declaración de Principios de la Asociación Nacional Republicana fue aprobada en la convención del 23 de febrero de 1947. “Entonces estamos hablando de dos declaraciones diferentes”, me retruca un gestor cultural durante un debate. No existe otra. El cotejo de documentos certifica que es una sola, refritada en la convención de 1967, sin que se modifique una sola coma.

Aunque su interés está, en apariencias, limitado a un sector de la sociedad, en realidad, no es así. El Programa-Manifiesto del 11 de setiembre de 1887 y la Declaración de Principios de 1947 construyen el corpus doctrinario del Partido Nacional Republicano. Atraen, consecuentemente, a investigadores y cientistas sociales que analizan el itinerario ideológico de los partidos políticos paraguayos. Son imprescindibles, además, para verificar si lo que está en el papel se traduce en la práctica. ¿La fecha es un accidente? ¿Lo que importa es el contenido? Tampoco es así. El valor de un documento es justipreciado de acuerdo con el contexto histórico, cultural, social y político en el cual fue escrito. Determina su esencia y el grado de autenticidad de sus intenciones.

El pecado original que indujo al error, sin embargo, nace dentro del propio Partido Colorado. En publicaciones, primero, y, luego en su página oficial en Internet. En pleno régimen de Alfredo Stroessner, la Junta de Gobierno edita un folleto con la Declaración de Principios “aprobada” el 7 de octubre de 1967, casi seguro, como una obsecuente ofrenda para que el dictador consagrara un “legado doctrinario” a la posteridad. Oportunismo, complicidad, desconocimiento del propio pasado confluyeron para la comisión de esta impostura.

Pero la historia es otra. El reciente libro de un veterano dirigente de la ANR, donde repite el aludido error -sumándose a otros autores- me animó a formular estas aclaraciones. El matutino “La Razón” publica el domingo 23 de febrero de 1947, en primera plana, en calidad de primicia, la Declaración de Principios que se iba a analizar en esa fecha, durante la convención del Partido Nacional Republicano a realizarse en el Teatro Municipal. La redacción fue encargada a Juan Ramón Chaves, Bernardo Ocampos, José Zacarías Arza, Hipólito Sánchez Quell, Osvaldo Chaves, Óscar Boettner, Alcibiades Mongelós y Roque Zaldívar. Los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, electos en dicha ocasión, fueron los responsables de su aprobación definitiva el 25 de agosto de 1947.

Uno de los redactores de la “Declaración”, Hipólito Sánchez Quell, en su libro “Proyección del general Caballero en la ruta de la patria” (1970), reivindica el origen real del citado lineamiento ideológico, tres años después de la convención de 1967. Un dato para el subrayado: el talentoso joven Juan Ramón Chaves -socialista en sus inicios, al igual que Sánchez Quell- aparece como secretario de la convención en 1947; veinte años después, ya era presidente de la Junta Gobierno.

Aunque no figura su nombre en la comisión redactora es lógicamente deducible la influencia de J. Natalicio González en el artículo 3: “El Partido considera que el Estado, servidor del hombre libre, interviene en la vida social y económica de la Nación para evitar el abuso de interés privado y promover el bienestar general, sin infligir injusticias a los particulares”.

Y es, precisamente, en el punto 4 de esta Declaración de Principios donde el contexto se torna importante a la hora de evaluar el documento: “El Partido se declara contrario a toda dictadura de individuos o de grupos y considera que la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantiza la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clases explotadas”. Los que habían claudicado de sus ideales juveniles estaban en esa convención de 1967 aprobando lo que ya se había aprobado veinte años atrás. Los auténticos ya sufrían el peregrinaje del exilio. O del ostracismo interior.

Casi seguro que no serán pocos los que seguirán repitiendo, con tozudez de mula, la misma falsedad histórica. De mi parte, ya cumplí.