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Colombia enfrenta una amenaza externa y necesita más unidad interna.

Bajo un sol despiadado, un río de personas cruza sin cesar el puente Simón Bolívar, su flujo es más poderoso que la corriente fangosa que está debajo. Cada día, al menos 40.000 transeúntes cruzan de Venezuela a Villa del Rosario en Colombia. La mayoría regresa, cargada con sacos abultados y maletas que contienen alimentos frescos, ropa y medicamentos. Cada día, unas 1.500 personas no vuelven, uniéndose a los 4,6 millones de venezolanos que han abandonado su país en busca de trabajo, seguridad y una mejor vida.

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Esta es una crisis humanitaria que Colombia está enfrentando de manera admirable. En Villa del Rosario, cientos de personas hacen fila para almorzar en una cocina comunal operada por el obispo local. Muchos todavía viven en Venezuela, pero están desnutridos. Otros siguen su viaje. Cerca hay un puesto de salud para migrantes. Más de 1,5 millones de personas han sido vacunadas.

Un refugio proporciona alojamiento temporal para los que están enfermos, las mujeres que vienen a dar a luz o quienes necesitan descansar. Aunque las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales están ayudando, la ayuda extranjera cubre menos de una quinta parte de los costos adicionales en los que incurre Colombia, principalmente en atención médica y educación.

GRUPOS CRIMINALES

Ese no es el único precio de vivir al lado de la dictadura que Nicolás Maduro instauró en Venezuela. En una jefatura de policía ubicada a las afueras de la cercana ciudad de Cúcuta, el coronel José Palomino tiene un mapa codificado por colores de los 143 kilómetros de la frontera a su cargo. Cada color corresponde a una organización criminal, que abarca desde el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero colombiano, hasta varias bandas colombianas y venezolanas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el contrabando. “Cada grupo tiene un pedazo de la frontera”, dice.

Hasta ahora, esas bandas permanecen en la zona. La tasa de asesinatos en Cúcuta, una ciudad de 800.000 personas, es similar al promedio nacional. Pero, ¿por cuánto tiempo más? La primera ola de migrantes venezolanos estaba formada principalmente por hombres de negocios, profesionales y trabajadores. Ahora, dice el coronel Palomino, “los bandidos y delincuentes” están comenzando a llegar “porque ya no queda nada para robar allá”.

APUESTA

El gobierno del presidente Iván Duque apostó por la caída de Maduro. En febrero, Venezuela rompió los lazos diplomáticos después de que Colombia intentó ingresar ayuda humanitaria a través de la frontera en asociación con Juan Guaidó, el líder de la oposición que es reconocido por Colombia como el presidente interino del país vecino.

Maduro alberga al ELN, que dirige la minería ilegal en el sur de Venezuela. Además, les dio la bienvenida a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla mucho más grande con la que firmó un acuerdo de paz en el 2016. En septiembre, Venezuela llevó a cabo un ejercicio militar cerca de la frontera. “Los malentendidos o las provocaciones deliberadas por parte de actores armados no estatales podrían fácilmente arrastrar a los militares de ambos países a un conflicto”, una posibilidad que le causa preocupación a Crisis Group, una ONG.

Duque dice que no ha emprendido acciones agresivas. “No hemos desplegado tropas en la frontera, ni vuelos cerca de ella”, dijo a The Economist. El problema es que no hay señales de que las sanciones de los Estados Unidos vayan a sacar a Maduro. El cambio político en América Latina, incluida la elección de Alberto Fernández, un peronista de centroizquierda, como presidente de Argentina, está debilitando el frente diplomático contra el régimen de Maduro. “La única forma de cambiar el flujo migratorio es poner fin a la dictadura”, insiste Carlos Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. El flujo podría incluso aumentar a medida que las condiciones se deterioran.

SITUACIÓN DELICADA

Esto sucede mientras la situación interna en Colombia es delicada. Álvaro Uribe, el líder del partido de Duque, hizo campaña contra el acuerdo de paz con las FARC. Una vez en la presidencia, Duque lo implementó y funciona, pero de manera imperfecta. Más de 11.000 ex guerrilleros se han incorporado a la vida civil. El gobierno está avanzando con los planes de desarrollo en las áreas donde operaban. Pero sus críticos afirman que, debido a la influencia de Uribe, se está retrasando la reforma agraria prometida.

Colombia no está obteniendo todos los beneficios esperados de la paz. La tasa de asesinatos en general se ha mantenido estable desde el 2016, a pesar del fin de la guerra. Las fuerzas de seguridad están “estratégicamente confundidas sobre las prioridades”, dice un general en retiro. El ministro de defensa de Duque, cercano a Uribe, es criticado por haber politizado el ejército. En un movimiento sin precedentes en agosto, un grupo de oficiales jubilados publicó una carta quejándose de que la corrupción y el liderazgo deficiente estaban afectando la imagen pública del ejército.

Incluso los críticos del gobierno admiten que la situación no es desastrosa. Pero sí resulta preocupante. Colombia ha progresado mucho este siglo. Debido a la amenaza que representa Venezuela, la consolidación de la paz interna se ha vuelto aún más urgente. Duque, que una vez se mostró escéptico sobre el acuerdo de paz, ahora debe lograrla.

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