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Durante este siglo, Perú ha destacado de gran parte del resto de Latinoamérica por dos razones. En primer lugar, gracias a las políticas de libre mercado, su economía ha crecido mucho más rápido. Mientras que el 55% de su población era pobre en el 2001, actualmente solo lo es el 21%. En segundo lugar, a pesar de ese progreso veloz, las encuestas sugieren que los peruanos muestran más desprecio que antes por sus políticos y su democracia. Sin embargo, se ha preservado la estabilidad política.

Desafortunadamente, ahora se ve amenazada. En julio, el presidente Martín Vizcarra, enfrascado en una lucha de poder con un Congreso controlado por la oposición, propuso unas elecciones generales –en las que no contendería– un año antes, en abril próximo. Un comité del Congreso rechazó la idea, así que, el 30 de setiembre, Vizcarra disolvió el Congreso –una decisión controvertida– y convocó a celebrar una elección en enero para formar uno nuevo.

Esto no fue un golpe de Estado, como afirman otros opositores más vehementes. Los tribunales y otros organismos del Estado están funcionando de manera normal, al igual que los medios y un comité permanente del Congreso disuelto. La acción de Vizcarra fue muy popular. Muchos de sus opositores en el Congreso eran corruptos y solo veían por sus intereses, además de ser proclives a obstaculizar. No obstante, la medida del presidente es constitucionalmente cuestionable, y quizá pueda llegar a verse como el inicio del fin del excepcionalismo peruano.

El precario equilibrio político se vio en peligro por primera vez a causa de la elección del 2016, en la que resultó victorioso Pedro Pablo Kuczynski, un ex banquero, por una diferencia de tan solo 41.000 de los 17 millones de votos en total. Su oponente, Keiko Fujimori, que ganó la mayoría en el Congreso, jamás aceptó la derrota. Aunque tenía pocas diferencias ideológicas con el gobierno, se dispuso a acabar con él. Después de que Kuczynski se vio obligado a renunciar debido a acusaciones de corrupción, Vizcarra, quien entonces era el vicepresidente, asumió el cargo. Fujimori está en prisión preventiva bajo investigación (aunque no la han acusado) por haber recibido donaciones ilícitas para su campaña de Odebrecht, una firma brasileña de construcción, algo que sus simpatizantes consideran un caso de injusticia partidista.

Según la Constitución semiparlamentaria de Perú, el presidente puede disolver el Congreso si este le niega dos veces el voto de confianza al Gabinete del mandatario, como lo hizo una vez durante el gobierno de Kuczynski. El conflicto estalló cuando el Congreso ejerció su facultad de elegir nuevos miembros para el Tribunal Constitucional, ante el cual ha apelado Fujimori. Con base en una interpretación laxa de la Constitución, y ante la aparente disposición del Congreso a destituirlo, Vizcarra decidió presentar una cuestión de confianza. El Tribunal quizá emita una resolución respecto de las acciones de Vizcarra, pero es probable que tarde por lo menos tres meses en hacerlo.

“Todos se arriesgaron a pesar de que estaban al borde de un precipicio, con una gran irresponsabilidad”, comentó Martín Tanaka, politólogo de la Universidad Católica de Lima.

El padre de Fujimori, el ex presidente Alberto Fujimori, gobernó Perú como autócrata de 1990 a 2000. Acabó con la inflación y el movimiento terrorista Sendero Luminoso, pero dejó un legado de corrupción sistemática y un país dividido políticamente. El fujimorismo representa una característica arraigada de la sociedad peruana: el capitalismo popular, la economía informal y la idea de que las reglas están ahí para manipularse, no para respetarse. En parte por su influencia, los partidos políticos han perdido su esencia y se han convertido en medios para favorecer intereses privados.

El milagro económico de Perú se ha ido desvaneciendo. Desde el 2013, el crecimiento se ha ralentizado drásticamente. Para revivir, necesita la ayuda del gobierno. Varios proyectos importantes de minería e irrigación están estancados. Vizcarra ha bloqueado una mina y ha resultado ser un administrador mediocre. Ahora el riesgo es que la política afecte la economía.

En vez de trabajar con el Congreso, Vizcarra buscó la popularidad defendiendo el antifujimorismo. Sus simpatizantes están contentos. No obstante, sin el elemento unificador de las candidaturas presidenciales, el nuevo Congreso quizá sea indisciplinado. Como parte de un intento del 2018 de reformar las instituciones judiciales y políticas a través de un referendo, Vizcarra cortejó la popularidad con una prohibición de que los legisladores tengan periodos consecutivos. Lejos de resolver un problema, creó uno más. Los peruanos ya podían deshacerse de la escoria, y a menudo lo han hecho. La nueva regla evitará que el nuevo Congreso cuente con gente experimentada.

No hay respuestas fáciles al conflicto de poderes de Perú. En la década de 1960, un enfrentamiento similar terminó con la expulsión del presidente tras un golpe militar. Por lo menos el Perú de la actualidad no ha tenido que pasar por eso. En muchos aspectos, la mayoría fujimorista del Congreso provocó su propio fin. Sin embargo, el desatino de Vizcarra de caer en lo que algunos consideran un abuso de su poder presidencial ha puesto en duda las reglas del juego político peruano. Ha establecido un precedente que tal vez copien otros gobernantes con intenciones mucho peores.