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“Cuando visito un país, la gente dice: ‘Aquí es diferente’”, dijo alguna vez el legendario economista Rudiger Dornbusch a sus alumnos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. “Pues bien, nunca es así”.

Para la mayoría de los países, estas palabras son una advertencia. Para Argentina, son palabras de consuelo. El país ha sufrido una crisis económica tras otra, hasta culminar con la reciente imposición, de nueva cuenta, de controles al cambio de divisas y ajustes en los pagos de deuda. Los electores, que han sufrido a manos de populistas y liberales por turnos, parecen decididos a remover al gobierno liberal del presidente Mauricio Macri en octubre y optar por el dúo populista de Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que es fácil creer que Argentina de verdad es diferente, aunque no en el buen sentido.

Las palabras de Dornbusch son un epígrafe adecuado para “Macri’s Macro: The Meandering Road to Stability and Growth”, un nuevo artículo escrito por Federico Sturzenegger, egresado del MIT que fungió como presidente del banco central durante el mandato de Macri entre el 2015 y mediados del 2018. El artículo hace de abogado del diablo de la estrategia gradualista de Macri y la meta de inflación planteada. Estas políticas funcionaron en otros países y podrían haberlo hecho también en Argentina, según Sturzenegger, de haberse seguido a rajatabla.

Macri heredó un déficit presupuestario complicado. Para evitar la austeridad asociada con gobiernos previos de tendencia derechista, propuso equilibrar los libros a un ritmo político aceptable. El problema no fue que decidiera reducir el déficit de manera gradual, según Sturzenegger, sino que ni siquiera ocurrió una reducción gradual. En su primer año, el déficit presupuestario primario aumentó del 3,8% al 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) (cifra favorecida por la aplicación de una amnistía fiscal única). Las mejoras del 2018 se debieron en gran medida al aumento de la inflación, que recortó el costo de las pensiones públicas indexadas a aumentos en los precios del 2017.

La segunda afirmación de Sturzenegger es más polémica. Tras una breve transición, el banco central de Macri adoptó un marco macroeconómico convencional, conforme al cual empleó las tasas de interés para controlar la inflación y decidió dejar un poco libre el tipo de cambio.

Para finales del 2017, explica Sturzenegger, esta política estaba funcionando. La inflación subyacente había bajado a la mitad y se encontraba por debajo del 20%. Se esperaba que bajara todavía más, a menos del 15%, al año siguiente.

Sin embargo, la inflación general era mucho más alta. Eso le dio al gobierno una excusa para relajar el objetivo de inflación el 28 de diciembre (fecha en que los argentinos tienen la tradición de jugarle bromas a los inocentes). Los analistas esperaban que solo se tratara de alinear la meta de inflación con la realidad. De hecho, Sturzenegger escribe que buscaron un ritmo más pausado de desinflación para reducir el costo de las pensiones indexadas a períodos anteriores. La meta más elevada, además de dos recortes a las tasas de interés en enero del 2018, causaron un “daño permanente” a la credibilidad del banco central.

La meta de inflación resultó atractiva para el equipo de Macri en parte por ser convencional; por desgracia, Argentina la adoptó cuando su inflación estaba muy por encima de la norma. El establecimiento de metas también involucró una reducción agresiva e inusual en la presión de los precios, según señala Rafael Di Tella, de la Escuela de Negocios de Harvard, quien cree que el éxito inicial del gobierno se debió en gran medida a una contracción económica ocurrida en el 2016.

Di Tella explicó que, para aligerar la carga, el gobierno debería haber considerado fijar límites a las reivindicaciones salariales inflacionarias. Uno de los asesores de Fernández propuso un esquema de este tipo. El mismo Dornbusch también estaba a favor de esta medida. Mantener el gasto bajo control, tanto el público como el privado, es esencial para combatir la inflación alta, sostuvo en 1986. Sin embargo, el daño colateral al crecimiento y el empleo puede reducirse mediante políticas de ingresos que funcionen como un dispositivo de coordinación: cuando la inflación es alta, nadie moderará su reivindicación salarial, a menos que los demás lo hagan también.

Según Sturzenegger, el gobierno de Macri rechazó un pacto salarial por no ser ortodoxo. No obstante, si Di Tella está en lo correcto, al haber intentado actuar de manera normal, Argentina quizá haya contribuido a fortalecer los factores que le impidieron serlo. Los países normales no necesitan políticas de ingresos; claro que Dornbusch quizá habría refutado, pues para los países que se encuentran en la situación de Argentina, es normal necesitarlas.