© 2019 Economist Newspaper Ltd, Londres. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso

Pese a su sucio lenguaje, a su costumbre de compararse con Hitler y con Idi Amín, y a su abierto respaldo a los escuadrones de la muerte que hasta ahora han asesinado a más de 20.000 supuestos narcotraficantes, Rodrigo Duterte basó su campaña en una idea nueva cuando contendió por la presidencia de Filipinas en el 2016. Prometió una nueva Constitución que reformaría al país y lo convertiría en una federación para que dejara de ser lo que es ahora, un Estado unitario gobernado desde Manila por políticos y burócratas que, según muchos filipinos, ejercen demasiado poder.

Apenas el año pasado, parecía que Duterte todavía estaba buscando cambiar los estatutos. Había formado un comité para redactar el borrador de una nueva Constitución, y el comité había enviado al Congreso ese borrador, en el cual se proponía una federación de dieciocho regiones. Hace un año, en su mensaje para informar sobre el estado del país, el presidente manifestó la certeza de que los filipinos querían una nueva Constitución. Prometió que esta fortalecería las instituciones democráticas y distribuiría la prosperidad de manera más justa.

Duterte también tenía un objetivo más concreto: solucionar, de una vez por todas, el separatismo musulmán de la isla de Mindanao, cuya ciudad más grande él presidió como alcalde durante décadas. Hace once años, la Suprema Corte rechazó un acuerdo que habría otorgado una forma de autonomía amplia a algunas regiones musulmanas de Mindanao, bajo el fundamento de que, de hecho, el acuerdo conformaría un Estado dentro de otro Estado, lo que violaría la Constitución.

No obstante, el 22 de julio, en el mensaje de este año, a solo unos meses de que las elecciones aseguraron a Duterte, por primera vez, una fuerte mayoría de partidarios en el Senado, no hubo ninguna mención a la nueva Constitución. ¿Por qué?

Una de las razones es la falta de tiempo. Duterte ya está a la mitad del único período presidencial que le permite la Constitución. Está enfermo y cansado. Algunas personas dudan de que continúe en el cargo los seis años. Además, cuando el borrador llegó al Congreso, la idea de la federación se topó con un gran obstáculo práctico: el Congreso no pudo ponerse de acuerdo sobre el mejor procedimiento para reformar la Constitución.

En teoría, con el Senado firmemente plantado en el bando de Duterte, debería ser más fácil llegar a un acuerdo. Sin embargo, existen otros inconvenientes. Si el Congreso se declara una asamblea constituyente, no quedaría limitado a considerar el borrador sugerido por el comité de Duterte, sino que podría hacer lo que quisiera con la Constitución. La Cámara de Representantes, por ejemplo, ha votado con mucho interés para eliminar algunas disposiciones de la actual Constitución que imponen límites a los períodos de gestión de los funcionarios electos y buscan detener –sin mucho éxito– la instauración de dinastías políticas.

Por lo tanto, existe renuencia entre algunos políticos, y entre muchos electores, a permitir que el Congreso siquiera comience a hacer pequeños ajustes a la Constitución. Además, no está nada claro cuáles deben ser los criterios para establecer los límites de los nuevos estados. En un archipiélago tan extenso, el idioma casi siempre define las regiones más que cualquier otro factor. Pero ¿se deben conservar unidas o divididas las regiones que comparten idioma? No existe consenso alguno.

Mientras tanto, pese al supuesto predominio del poder “imperial” de Manila, muchas partes de Filipinas son, en realidad, feudos independientes gestionados por terratenientes, clanes locales poderosos, gobernadores o alcaldes respaldados por ejércitos particulares, comandantes de destacamento, jefes de policía, pandillas criminales, rebeldes comunistas o yihadistas. Muchas de las personas que habitan en esos lugares posiblemente agradecerían más influencia del gobierno central.

En cuanto a la inquietud más apremiante de Duterte, la autonomía de las zonas de mayoría musulmana de Mindanao, las circunstancias han cambiado. Se está poniendo en práctica un acuerdo de paz más integral con el principal grupo insurgente, firmado en el 2014, sin ninguna objeción por parte de la Suprema Corte, la cual está cada vez menos dispuesta a cuestionar al presidente.

Al final, el principal freno para el federalismo ha provenido de los tecnócratas que administran la economía en nombre de Duterte. Están enfrentando dificultades para construir la infraestructura que se necesita para evitar que la economía se desplome. Con el propósito de financiarla, el gobierno tiene que pedir préstamos. Sin embargo, ni el gobierno central ni los nuevos estados federados serían un buen riesgo crediticio hasta que se estableciera la distribución de los ingresos.

Parece que Duterte no le ha cerrado las puertas completamente a los pequeños ajustes a la Constitución. Los mismos administradores de la economía que tienen reservas sobre el federalismo están a favor de retirar las restricciones constitucionales a la adquisición de empresas locales por extranjeros, al igual que muchos inversionistas. No obstante, esa es una reforma relativamente moderada, pero que difícilmente le gustaría a toda la población; en otras palabras, no es el tipo de idea que le interese a Duterte.