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Bogotá
Un presunto traficante de drogas también es una pieza clave en el proceso de paz.
Jesús Santrich debió de haberse convertido en miembro del Congreso de Colombia en julio de 2018. Como comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Ejército del Pueblo o Farc—, fue elegido para ocupar uno de los diez escaños en el Congreso prometidos a este grupo guerrillero gracias al acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado de 50 años en ese país. Sin embargo, Santrich, cuyo nombre verdadero es Seuxis Hernández Solarte, no pudo prestar juramento porque fue arrestado en abril del año pasado como parte de una operación encubierta orquestada por Estados Unidos. Una denuncia de la corte de Nueva York lo acusa de conspiración en el envío de 10.000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha solicitado su extradición.
Santrich ha puesto a Colombia en una posición difícil. El país firmó un tratado de extradición con Estados Unidos en 1979. Pero Santrich está protegido por el acuerdo de paz, el cual dice que los miembros de las Farc solo pueden ser extraditados si cometieron algún delito después del 1.° de diciembre de 2016. El presidente Iván Duque, quien fue electo gracias a una promesa de campaña de modificar el acuerdo de paz, desea extraditar a Santrich. No obstante, tiene las manos atadas. El 15 de mayo, la extradición fue impedida por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, conocida como JEP, la cual investiga y juzga a los miembros de las Farc y de las fuerzas armadas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Esta decisión ha enfrentado a la JEP contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien, como protesta, presentó su renuncia. Dijo que la decisión fue un “golpe de Estado contra la justicia” y convocó a una movilización para “reestablecer la legalidad en Colombia”. La JEP acusó a la oficina del fiscal general de permitir que Estados Unidos comandara una operación encubierta ilegal en Colombia. También solicitó a la oficina del fiscal general que le entregara el expediente judicial de Santrich.
Los defensores del acuerdo de paz elogiaron la decisión de la JEP. Afirman que Santrich fue incriminado en un intento de sabotear el acuerdo de paz por parte de Estados Unidos. Pero la decisión podría perjudicar la relación de Colombia con Estados Unidos. El presidente Donald Trump ya está perdiendo la paciencia con Duque, quien, según él, no está haciendo nada para contener la afluencia de drogas.
Hace un mes, el Departamento de Estado revocó la visa estadounidense de John Jairo Cárdenas, un congresista colombiano. Cárdenas había revelado detalles de una reunión con el embajador estadounidense Kevin Whitaker, en la que Whitaker supuestamente advertía sobre represalias si el Congreso no restringía el poder de la JEP para proteger a los antiguos combatientes de las Farc. La revocación de la visa ha dado lugar a que muchos colombianos acusen a Estados Unidos de chantaje político. Al parecer, también ha alentado a los partidarios de la paz en el Congreso y en los tribunales a combatir las iniciativas de Duque para modificar el acuerdo de paz. Parece como si, al menos por ahora, Duque debiera centrarse en mejorar las relaciones con Estados Unidos. Al final, Santrich ocupará su escaño en el Congreso.