El presupuesto del primer ministro fue rechazado esta semana.
La idea de que Pedro Sánchez pudiera gobernar este país durante mucho tiempo sin convocar a elecciones generales siempre pareció poco probable. Ascendió al cargo de primer ministro de manera inesperada en junio pasado tras una moción de censura presentada en contra de su predecesor conservador, Mariano Rajoy. Por desgracia, su partido socialista solo ocupa 84 (el 24 por ciento) de los 350 escaños del Congreso. Además, el principal punto de acuerdo entre la alianza de la izquierda y los nacionalistas catalanes y vascos que respaldaron su gobierno minoritario era su rechazo de Rajoy. El 13 de febrero, el gobierno de Sánchez pareció topar con pared cuando no se aprobó su presupuesto, 191 votos contra 158. Y ahora deben venir las elecciones generales.
Será la tercera ocasión en poco más de tres años que los españoles saldrán a votar. Las dos elecciones pasadas produjeron parlamentos sin mayoría absoluta y gobiernos debilitados; en esta oportunidad, parece inevitable que ocurra lo mismo. De hecho, la política se ha fragmentado todavía más con el ascenso reciente de Vox, un partido nacionalista de extrema derecha que está a punto de ingresar al Parlamento por primera vez.
LÍDERES SEPARATISTAS
El tema que selló el destino de Sánchez (y también había influido en parte en el de Rajoy) fue el conflicto de Cataluña, donde casi la mitad de los electores apoyan la independencia. Por mera casualidad, el debate del presupuesto coincidió con la primera fase del juicio de doce líderes separatistas que enfrentan cargos de rebelión y malversación de fondos por la organización de un referéndum inconstitucional, seguido de una declaración ilegal de independencia en octubre del 2017.
Sánchez intentó apaciguar el conflicto catalán mediante conversaciones con el gobierno separatista en Barcelona sobre sus problemas más cotidianos. El presupuesto incluye un aumento del 18,5 por ciento en inversión pública en Cataluña. Rechazarlo sería un “error histórico que tendrán que explicar a los catalanes”, señaló María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a los legisladores separatistas durante el debate parlamentario.
Con todo, los diecisiete diputados catalanes nacionalistas apoyaron a la oposición y lo rechazaron. En parte debido a la encendida atmósfera generada por el juicio, como condición para respaldar el presupuesto, sus líderes habían insistido en que Sánchez aceptara celebrar conversaciones sobre la autodeterminación en Cataluña con la presencia de un mediador internacional.
MESA DE PARTIDOS
Sánchez cometió el peor error de su breve mandato como primer ministro cuando cayó en la trampa de esa propuesta y convino en organizar una mesa de partidos en Cataluña con un “relator" externo. Para los separatistas no fue suficiente, mientras que los opositores lo consideraron una concesión a las exigencias hechas por el movimiento de independencia desde hace tiempo de “internacionalizar” el conflicto catalán. Sánchez dio marcha atrás de inmediato y suspendió todo contacto con el gobierno separatista de Barcelona.
Realizar un referéndum sobre la independencia es imposible en términos legales, a menos que se autoricen enmiendas a la Constitución, un proceso muy engorroso. Además, es un tema intocable en la esfera política: la gran mayoría de los españoles y muchos catalanes se oponen a las acciones de los separatistas para dividir el país. La legislación internacional tampoco reconoce el derecho de autodeterminación en una democracia avanzada. El gobierno insistió esta semana en que no negociaría el presupuesto a cambio de un referéndum.
UNA BATALLA ANTICUADA
En medio de una atmósfera política febril, los tres partidos de centro-derecha convocaron un mitin en la plaza Colón de Madrid el 10 de febrero. Alrededor de 45.000 personas, muchas de las cuales ondeaban banderas españolas, se congregaron al clamor de la consigna “Por una España unida. ¡Elecciones ya!”. Pablo Casado, quien sustituyó a Rajoy al frente del conservador Partido Popular en el verano, no ha parado desde entonces. Este mes ha calificado a Sánchez de “traidor”, “mentiroso” y “felón”.
Sánchez dijo en varias ocasiones que si su presupuesto era rechazado, se abreviaría la vida del parlamento, que en teoría debería mantenerse en funciones hasta junio del 2020. La apuesta en Madrid es que convocará a elecciones en abril. De ser así, con seguridad intentará colocar el presupuesto, con su moderado aumento en el gasto, beneficios sociales e impuestos, al centro de una batalla anticuada entre derecha e izquierda. Su gobierno se destacó por su feminismo (más de la mitad del gabinete está integrado por mujeres) y su determinación en cuanto a que España adoptara un papel activo en el ámbito internacional. Por desgracia, si las elecciones se realizan en la primavera, el juicio de los separatistas catalanes ejercerá una gran influencia. La mayoría de los acusados sostienen que son prisioneros políticos. El fiscal argumenta que se les juzga por sus acciones, no por sus ideas. La oposición intentará que las elecciones se centren en defender la Constitución y mantener a España unida.
Según las encuestas de opinión, cinco partidos obtendrán entre el 10 y el 25 por ciento de los votos. A pesar de que Sánchez es efectivo en campaña, en principio, el resultado más probable es una coalición de centro-derecha respaldada por Vox. Algunos de los separatistas han dicho desde hace tiempo, aunque resulte increíble, que su batalla es en contra del “fascismo” español. Su voto parlamentario de esta semana parece indicar que en realidad desean una situación parecida.