Andrés Manuel López Obrador despierta la ira de los justicieros de los bonos. En el 2002, Vicente Fox, el entonces presidente de México, terminó su luna de miel con los inversionistas extranjeros al ceder ante los campesinos con machetes y cancelar los planes de construir un aeropuerto cerca de la Ciudad de México. El 29 de octubre, se repitió la historia cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que detendría la construcción de un aeropuerto después de que esta fuera objetada en una consulta en la que participó escasamente el uno por ciento del electorado. Esta medida golpeó al peso mexicano, el cual descendió a su nivel más bajo en cuatro meses, así como a su bolsa de valores y sus bonos. Los acreedores, quienes habían tenido esperanzas en México, se tornaron hostiles.
López Obrador, un populista de izquierda, había procurado tranquilizar a los inversionistas. A pesar de los problemas en otros mercados emergentes, la inversión en México permanecía relativamente prometedora; el optimismo se fortaleció con un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Al poner un complejo proyecto de infraestructura en manos de una consulta mal planeada, el presidente electo estropeó los ánimos.
Los poseedores de los 6.000 millones de dólares en bonos para financiar la construcción del aeropuerto resultaron ser los más afectados por las repercusiones. Los precios cayeron a niveles que sugieren un incumplimiento. Los empresarios importantes también se vieron afectados. Entre ellos está Carlos Slim, el hombre más rico de México, cuya empresa constructora participa en este proyecto de 13.000 millones de dólares. López Obrador planea conservar el aeropuerto actual y transformar una base aérea cercana, lo cual quizás reduzca la cantidad de aviones que pueden volar en forma segura.
No obstante, la mayor preocupación es que el gobierno entrante quiera deshacer, mediante este referéndum ficticio como excusa, grandes contratos para un proyecto que tiene un financiamiento adecuado, una tercera parte de la cual ya está construido. Eso envió a todos un mensaje equivocado en un país que necesita la inversión extranjera y que, para captarla, recientemente ha liberalizado su industria energética que alguna vez fue intocable.
Según Ociel Hernández, estratega del banco BBVA Bancomer, existen otros factores que ensombrecen el horizonte para México, como la desaceleración del crecimiento global, el aumento en las tasas de interés de Estados Unidos y los precios del petróleo en descenso. JP Morgan Chase, una correduría, ha reducido sus cálculos del crecimiento de México para 2019 del 2,4 por ciento al 1,9 por ciento.
La mayor preocupación de los inversionistas extranjeros es lo que podría hacer López Obrador en el futuro. Algunos temen que pueda exprimir a Pemex, la empresa petrolera estatal más endeudada del mundo, al pedirle que construya proyectos públicos. Eso conllevaría el riesgo de dañar la calificación crediticia de México, lo que alejaría al capital extranjero.
Es posible que, después de haber complacido a los partidarios de izquierda con la cancelación del aeropuerto, tal vez adopte una política económica más sensata. Se sabrá más el 1 de diciembre cuando López Obrador tome posesión, y dos semanas después, cuando presente el presupuesto. Su equipo económico insiste en que prevalecerá la disciplina fiscal.
Sin embargo, el daño ya está hecho. Los acreedores dicen que no financiarán los ambiciosos proyectos de infraestructura de López Obrador a menos que cambie su jugada. Michael Conelius, de T. Rowe Price, una gestoría de activos, señala que si aplica la misma táctica del aeropuerto a la reforma energética, tendrá problemas para obtener capital y “sufrirá todavía más consecuencias”. Eso parece amenazante, pero Conelius se mantiene firme: “Los bonos… deben actuar como justicieros; y eso normalmente funciona en los mercados emergentes”.