En esta edición de Mano a Mano LN hablamos con la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, a quien consultamos cuáles fueron los desafíos más importantes que enfrentó en materia penitenciaria, además de la presencia del coronavirus.

La alta funcionaria de Estado hizo un recuento de la situación actual de la población privada de su libertad, los programas de reinserción, las tobilleras electrónicas y los obstáculos para su uso. Asimismo, destacó el trabajo coordinado, la eventual descompresión con las nuevas penitenciarías y la “disminución” de la población recluida, en términos relativos.

¿Cómo evalúa la atención y el tratamiento adecuado de las personas privadas de su libertad?

En las condiciones de crisis penitenciaria, si bien no podemos afirmar que contamos con un tratamiento adecuado, sí podemos asegurar que la atención mejoró considerablemente, teniendo en cuenta que tuvimos un año con comunicación y diálogo hacia el interior de los centros con las personas recluidas, y pudimos atender sus reclamos procesales, principalmente, con la coordinación efectiva de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Defensa Pública.

También mejoramos la atención en salud con la cobertura extra que tuvimos por la pandemia del COVID-19, que derivó en el aumento de los profesionales de blanco. En cuanto al trabajo penitenciario, pudimos visibilizar la producción de los internos a través de una página web de ventas al público. En los centros educativos contamos con la extensión del apoyo de la AECID y el enfoque de justicia restaurativa.

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La ministra Cecilia Pérez acompañó al personal en todos los operativos de coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía antisecuestro y contra el crimen organizado. Foto: Archivo.

¿Cuál considera fue el desafío más importante que le impuso la pandemia del COVID-19?

Definitivamente fue afrontar la crisis sanitaria conjuntamente con la crisis penitenciaria. Nosotros tuvimos que congeniar y administrar emergencia sobre emergencia. Los problemas de seguridad no hicieron un paréntesis durante la pandemia y debíamos administrar ambas crisis, sin que nos explotara una u otra.

La preocupación primero fue la eventual reacción negativa a las restricciones de las visitas y luego al ingresar el virus. En otros países hubo incendios, motines y fugas, y con el ingreso del virus muchos fallecidos. Por un lado, la preocupación que se den episodios de violencia, y por otro lado, tener numerosos fallecidos. No tuvimos ninguno de los dos.

¿Qué se puede decir de la población penitenciaria y la descompresión?

La población penitenciaria disminuyó, pero no de una manera numerosa. Habrá bajado en 1.000 personas privadas de libertad aproximadamente en la pandemia, pero ingresaban más o menos la misma cantidad. La persona recluida sin condena no es pasible de tratamiento. Esto nos dificulta mucho el trabajo, porque la mayoría de los que están privados de libertad son procesados, no condenados.

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Nuevo pabellón de la penitenciaría de Emboscada construida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Foto: Archivo.

En materia de reinserción laboral ¿cuáles son los logros sostenibles en el tiempo?

Lo más significativo este año es Latente, el proyecto que visibiliza la producción de las personas privadas de libertad y que en algunos casos involucra a empresas que han apostado a la mano de obra penitenciaria. Y para el cierre del año, la participación en la feria del IPA que nos dio un espacio y una visibilidad. Tuvimos muchas ventas.

En términos generales ¿cuál es la estrategia para evitar la reincidencia?

La estrategia es una tarea conjunta con otras entidades del Estado y de la sociedad también. Se debe atacar el origen del delito. Esta es una materia pendiente.

¿Cuál es el estado de las facciones criminales en el país?

Seguimos con la presencia de estas facciones criminales al interior y exterior de las penitenciarias, de hecho, es uno de los principales argumentos para la sanción de la extensión de la emergencia penitenciaria por otro año más. Iríamos hasta diciembre del próximo año.

La emergencia penitenciaria era necesaria para seguir contando con el apoyo de las Fuerzas Militares y Policiales, de hecho, trabajamos coordinadamente con un equipo bastante completo, por un lado de antisecuestro y por otro de crimen organizado donde también se involucra a la Fiscalía. Esto nos ayudó a contener bastante en todo este tiempo.

Varias personas privadas de su libertad recibieron la vacuna contra la influenza. Foto: Archivo.

Con respecto a las tobilleras electrónicas, ¿en qué estado está el proyecto?

Antes de la pandemia estábamos trabajando con el Ministerio del Interior; hay una situación particular que nosotros estábamos tratando de señalar como “obstáculo legal” y que se refiere a la facultad para intervenir en los casos de incumplimiento durante el uso de las tobilleras. No es competencia del Ministerio de Justicia, sino de la Policía Nacional.

El trabajo con el Ministerio del Interior era necesario para determinar qué tipo de tecnología se iba a utilizar para hacer un programa piloto y eso quedó varado antes de la pandemia. Desde el 911 habían pedido tiempo para hacer el análisis del caso. Después, vino la pandemia y quedó paralizado.

La idea es volver a reactivar el próximo año para ver si podemos retomar la posibilidad de hacer planes pilotos, con quienes quieran ofrecernos tobilleras sin costo hasta ver cómo funciona. A partir de ahí, ver quién nos podría financiar porque el Ministerio de Justicia no tiene presupuesto.

Reformas y cooperaciones, ¿cuáles son los trabajos centrales y cuánto se puede avanzar en el 2021?

En el 2021 está previsto la terminación de las construcciones de los tres nuevos centros penitenciarios. En algunos casos ya se encuentran con un 50% y otros con un 60% de avance de obras. Después, se debe dotar de equipamientos y tecnología a los recintos que no se puede hacer a la par. Está también la formación del personal que va a trabajar en esos centros, esto es un pilar de la reforma y las cooperaciones de Brasil y EE.UU van a tener injerencia determinante.

También estamos trabajando en las necesidades del Instituto de Formación Penitenciaria con aportes de cooperación internacional.

Es preciso destacar la proyección de la mudanza de la legislación que debemos iniciar en el 2021 para poder presentarla al Congreso. En ese contexto, debemos desarrollar una gestión penitenciaria enfocada en las mujeres, que no tienen las mismas necesidades que los hombres.

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Varias fueros las tareas llevadas a cabo al interno de manera a contener hechos delictivos y prevenir el contagio masivo del coronavirus. Foto: Archivo.

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