El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, sostuvo que el Gobierno debe brindar una solución definitiva al problema de la tierra, pero dentro del marco jurídico, constitucional y de las nor­mas medioambientales que rigen en el país.

Esto, ante la nueva propuesta que pre­sentó el Ejecutivo sobre expropiar 806 hectáreas de la reserva Yberá, ex Marina Cué, a modo de compensa­ción a los ocupantes ilegales que iban a ser beneficiados con la ley vetada que preten­día la expropiación de 1.700 hectáreas.

Pedro Galli.

En comunica­ción con el diario La Nación, Galli sostuvo que, en defini­tiva, lo que no se puede “es seguir pateando la pelota hacia adelante”. Indicó que el problema habitacional es una situación crítica que va en aumento y se vuelve más complejo, porque no es el único lugar invadido. “Nos gustaría que la solución que se vaya a dar a estos con­flictos sea dentro del marco jurídico, constitucional de nuestro país y respetando los acuerdos y tratados interna­cionales relativos al medio ambiente”, expresó.

INVASORES NO SON SUJETO DE REFORMA

Analizando la nueva propuesta de expropiar las 806 hectáreas, que supuestamente ya están deforestadas, indicó que para determinar esa porción de tierra de la reserva Yberá, ex Marina Cué, se debe hacer una mensura por parte del Instituto Forestal Nacional (Infona), hacer una desafec­tación y posteriormente debe­ría ser transferida al Indert. No obstante, remarcó que es importante analizar si todo esto no genera un nuevo con­flicto jurídico con el artículo 98 del Estatuto Agrario, en el que claramente se establece que invasores no pueden ser sujetos de la reforma agraria. “Parece una salida razonable, pero el Estatuto Agrario pro­híbe expresamente adjudi­car tierra a invasores, así que no sé cómo se va manejar este asunto. Además, tenemos un conocimiento muy superfi­cial de este probable nuevo proyecto que presentó el Eje­cutivo”, precisó.

Respecto a cómo solucionar el problema de fondo, que es la falta de tierra que no solo existe dentro de la reserva Yberá, que es propiedad del Estado, sino que también en otros establecimientos priva­dos, como el caso de la Estan­cia Pindó y otros, insistió que se debe dar una solución defi­nitiva, pero que sea dentro del marco jurídico. “Esto es un problema que va creciendo y que se debe resolver de una vez, porque entre estos gru­pos que hacen invasiones están mezclados campesi­nos, gente de buena fe, pero también criminales, trafican­tes de rollos, drogas. Enton­ces, es un problema muy com­plejo, porque no se tomaron las medidas a tiempo”, dijo

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Áreas silvestres protegidas no son para la reforma agraria

Héctor Cristaldo.

Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Produc­ción (UGP), indicó que el propio estatuto agrario establece que las áreas silvestres protegidas no pueden ser utilizadas para la reforma agraria, por lo cual considera que no se puede si quiera expropiar una parte de las tierras de la reserva Yberá, ex Marina Cué, para instalar una zona urbana. No obstante, felicitó y destacó el valor del veto del Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía la desafectación de 1.700 hectáreas, con fines de la reforma agraria.

En ese sentido, indicó que la propuesta tuvo un mal nacimiento desde su inicio, porque se contrapuso a la ley que declaraba área silvestre protegida a perpetuidad, y mal se haría si se atropellaba para cambiar el estatus de esa área, mutilando la propiedad. “Sería una señal muy negativa que se daría al mundo si eso ocurre. Por tanto, no se puede cambiar el estatus de área silvestre protegida, para convertirla en un área urbana”, enfatizó.

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