El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, aceptó entender en el proceso penal que soporta el accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otras cinco personas imputadas por contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal.

Como primera medida el magistrado Otazú dictó una providencia donde comunica a los abogados de los imputados que es el nuevo magistrado del caso. Una vez que quede firme su competencia, el juez tendrá que resolver varios incidentes que se presentaron en el presente caso judicial.

Asimismo, una vez que se desarrolle la audiencia de imposición de medidas el referido magistrado deberá analizar si corresponde ordenar la prisión de todos los procesados en el presente caso judicial.

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Días atrás el Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, de forma llamativa apartó al juez de Delitos Económicos José Delmás del proceso penal que enfrenta el accionista de Imedic SA, Justo Ferreira, y otras seis personas más.

APRIETE DEL JEM

En su momento, con posibles fines de apriete el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó informe al juez de Delitos Económicos José Delmás, en el marco de la causa caratulada “Justo Ferreira Servín c/ Contrabando”. Este pedido podría considerarse como una presión al magistrado judicial. El escrito fue firmado por el criticado miembro del JEM, Adrián Salas, quien en su momento quiso impedir que se inicie una investigación por la supuesta liberación de narcoavionetas.

NO ORDENÓ DETENCIÓN

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Osmar Legal, quien imputó al accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y a otras cinco personas más por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, violó el artículo 240 del Código Procesal Penal, que habla sobre la detención y los requisitos para que la autoridad competente pueda ordenar la detención de un imputado.

La omisión de solicitar que sean buscados y detenidos por parte del fiscal Legal contra los imputados posibilitó que los abogados de los Ferreira puedan presentar varias chicanas y evitar someterse a la Justicia. Este hecho pareciera ser ideado por el propio Legal, en vista a que tendría nexos de amistad con un abogado que asesora externamente al clan Ferreira.

Representante de empresas responde a publicación

En relación al comentario “El cheque de la vergüenza”, de Jorge Torres en este diario, el documento refiere: “El señor Torres sostiene sin fundamento alguno que el anticipo previsto para la CVE N° 36/20 que se adjudicara a Imedic SA y Eurotec SA fue otorgado ‘en forma ilegal’. Lo desmiente la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el Dictamen DNCP N° 6.585/20 del 27 de mayo del 2020. De la documentación expuesta y analizada se concluye que para salir el pago del anticipo financiero por el 20% del monto total adjudicado a favor de la firma Imedic SA y Eurotec SA se cumplieron los requisitos y condiciones estipulados en el PBC”, señala el citado documento remitido a este medio.

Igualmente mencionan: “aunque en algo acierta el señor Torres, por eso se pudre todo. Dejaron fuera a los proveedores tradicionales. Tal vez sea el motivo por el cual insumos médicos útiles y sin problemas de calidad se rechazaron por cuestiones formales”.

Agrega: “y una vez más sobre los figurados e inexistentes nefastos antecedentes que nos adjudica el periodista, cumplimos en informarle que hemos proveído en tiempo y forma y con precios superlativamente competitivos en decenas de licitaciones públicas y compras privadas desde años. Sin reclamaciones ni quejas de adquirentes ni pacientes”.

Igualmente sostienen: “finalmente, las preces de castigo inquisitorio propaladas por el periodista emulando a Torquemada, no hacen sino arropar rescisiones contractuales arbitrarias que impidieron a la salud pública paraguaya disponer en forma adecuada, oportuna y con los precios más competitivos del momento, de elementos que incluso hoy reciben en forma de donativos médicos, enfermeros y personal técnico a la lucha contra la pandemia”, señala el documento presentado por el abogado Andrés Casati.

Andrés Casati, abogado.

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