El Ministerio Público dilata la decisión de imputar por el delito de tentativa de estafa al accionista de la firma Imedic SA Justo Ferreira y otras personas más a pesar de tener varios elementos de sospecha sobre la comi­sión del citado hecho puni­ble en el marco de la investi­gación por la compra fallida de insumos médicos para la pandemia del covid-19 donde se pretendía entre­gar al Ministerio de Salud productos de dudosa pro­cedencia por valor de G. 86 mil millones.

El fiscal del presente caso es Osmar Legal, quien de acuerdo a la información que se maneja tendría sobra­dos elementos para poder formular la imputación con­tra el clan Ferreira, pero el mismo prefiere seguir dila­tando y así beneficiando a los denunciados que siguen recurriendo a chicanas en otros procesos penales para evitar someterse a la Justi­cia. En el presente existen numerosos informes serios que son indicios de que se cometieron hecho punible, pero llamativamente el Ministerio Público no hace caso a dichos documentos y sigue sin formular la impu­tación correspondiente con­tra el clan Ferreira.

INFORMES TÉCNICOS

En varias entrevistas a dife­rentes medios de comuni­cación el representante del Ministerio Público Osmar Legal trató de explicar que para que se configure el hecho punible de ten­tativa de estafa primero se tiene que tener varios informes técnicos en rela­ción a los productos que se quiso vender al Ministerio de Salud. En ese sentido, el fiscal omite tener en cuenta varios informes contunden­tes donde se habla de irre­gularidad en el presente caso, por lo que dicha situa­ción llama poderosamente la atención la actuación del referido agente fiscal.

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Asimismo, Legal sostuvo ante los medios que aguar­dan un informe de China sobre los tapabocas y su calidad debido a que ese tipo de estudio no se realiza en nuestro país ni en Latinoa­mérica, por lo que se debe esperar primero eso para luego sacar una conclusión, pero mientras eso sigue el caso congelado y sin res­puesta por parte del Minis­terio Público.

En otro momento el fiscal hasta actuando como defen­sor del clan Ferreira dijo: “Hasta que no tengamos los informes correspondien­tes no vamos a imputar y no vamos a tomar determina­ciones que no corresponde en esta causa”. Todas las argumentaciones del men­cionado agente fiscal hacen suponer que trabaja con la defensa de Ferreira y no para buscar la verdad en el pre­sente caso.

VIOLACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Osmar Legal, quien imputó al accio­nista de la firma Imedic SA Justo Ferreira, a su hija Patricia Ferreira y a otras cinco personas más por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, violó el artículo 240 del Código Pro­cesal Penal, que habla sobre la detención y los requisitos para que la autoridad com­petente pueda ordenar la detención de un imputado.

La omisión de solicitar que sean buscados y detenidos por parte del fiscal Legal contra los imputados posi­bilitó que los abogados de los Ferreira puedan presen­tar varias chicanas y evi­tar someterse a la Justicia. Este hecho pareciera ser ideado por el propio Legal en vista a que tendría nexos de amistad con un abogado que asesora externamente al clan Ferreira.

RECHAZAN LAS CHICANAS

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, inte­grada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, días atrás rechazó la chicana presentada por el accionista de la firma Ime­dic SA, Justo Ferreira, quien recusó a los camaristas del fuero penal Cristóbal Sán­chez y José Waldir Servín. Ahora, luego de ese rechazo, los dos magistrados segui­rán entendiendo en el pre­sente caso.

Con la resolución adop­tada por la máxima instan­cia judicial, el expediente de Ferreira, imputado por contrabando, producción de documentos no autén­ticos y asociación crimi­nal, deberá bajar al Tribu­nal de Apelación, Primera Sala, para que se estudie la recusación que pesa contra el juez José Delmás.

Una vez que los camaristas decidan si ratifican la com­petencia al magistrado Del­más, este deberá fijar nue­vamente una fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas en la que se definirá si se ordena la prisión de Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y los demás imputados en el pre­sente caso.

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