En la actualidad existen varios políticos que están en la cárcel por hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, como los diputados oficialistas Ulises Quintana y Miguel Cuevas y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Estos personajes podrían beneficiarse en breve con medidas alternativas a la prisión debido a la propagación del covid-19 en los reclusorios.
En los últimos días, coincidiendo con el aumento de casos, se dieron dos hechos diferentes, la ministra de Justicia, Cecila Pérez, visitó a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien le manifestó su preocupación por el hacinamiento en los penales y el peligro de que el virus infecte masivamente, y pidió que se busquen alternativas a la prisión preventiva a fin de que los procesados puedan guardar prisión domiciliaria, reportó la agencia ADN.
También, como consecuencia de la pandemia, el senador liberal Fernando Silva Facetti presentó un proyecto de ley que podría ser tratado esta semana (jueves), que plantea lo mismo: la prisión domiciliaria en lugar de la preventiva, según informó el medio.
Según Silva Facetti, la intención de su proyecto es beneficiar a los presos que están con riesgo de contagio; sin embargo, la nueva normativa podría beneficiar a procesados por graves hechos de corrupción, que serían beneficiados con medidas alternativas en lugar de la prisión preventiva.
La ley y el reclamo de la ministra tendrían su lado riesgoso si es que no se toman las precauciones del caso, ya que podría ocurrir que delincuentes de guantes blancos, funcionarios procesados por corrupción y lesión de confianza apelen a esta alternativa.
Los dos legisladores abdistas, Quintana y Cuevas, llevan meses intentando salir de prisión y de obtener medidas alternativas a la prisión, pero no lo están consiguiendo. De sancionarse esta ley, sus abogados tendrán nuevos argumentos para obtener la prisión domiciliaria, todo por temor al coronavirus.