Las medidas que pue­den aliviar la crisis penitenciaria que se vive en el país podría prime­ramente diferenciarse a largo, mediano y corto plazo. Para el abogado Óscar Tuma, la situa­ción puede primeramente hablarse pensando a largo plazo, “tenemos que reinser­tar a la gente privada de su libertad de nuevo a la socie­dad; si hablamos a mediano plazo, una reestructuración de lo que es la infraestructura de las diferentes correcciona­les, y a corto plazo, debemos usar mecanismos de la era de la modernidad”.

Partiendo de la peligrosidad de los presos, se tiene que hacer un enfoque en que todas la peni­tenciarías estén monitoreadas con las cámaras de seguridad, para que se pueden chequear incluso desde el teléfono. Así también, “debe de haber una seguridad en torno a los mis­mos, un control y rotación de la gente que cubre las peniten­ciarías”. Tuma resaltó la nece­sidad de tener una rotación de la gente que cubre las peni­tenciarías, “tiene que haber un seguimiento mucho más estricto en cuanto al control de esos reclusos privados de su libertad, porque son peligro­sos y no tienen nada que per­der, además cuentan con recursos y saben que el sistema es corrompible, y utilizan lo que están a su alcance”, sostuvo en contacto con La Nación.

La construcción de un penal de máxima seguri­dad o moderni­zarlos sería un paso impor­tante para albergar a los tipos de reclusos más peligrosos, así para generar una política diferente, enfo­cado en cuanto a la comuni­cación y el contacto, perma­nencia en el penal, donde la libertad dentro del mismo sea mucho más estricta. “Hay que copiar esos modelos que se aplican en otros países, no hay que inventar nada, sino copiar un modelo que funciona en otro país”, explicó.

Por eso, considera que debe existir un súper control sobre esa gente, “porque puede terminar corrompiendo al entorno y la gente que está en contacto con ellos, que es lo que ocurrió, evidentemente la plata hizo que se pongan a disposición de ellos”.

El retraso de los procesos judi­ciales para llegar a las conde­nas de los casos son uno de los motivos de superpoblación. La agilización de los procesos es primordial, dijo Tuma, o tal vez buscar otras medidas para la gente que no tiene el perfil de peligrosidad. “Se debe buscar utilizar mecanismos como son las pulseras electrónicas”. Por­que hoy en día aquellos que no cuentan con condenas tienen un costo para el Estado, aparte logran distraer la atención de aquellos que sí necesitan.

Lograr que un recluso salga de la cárcel con un oficio, un estu­dio y con ganas de reinsertarse es el desafío. “Primero tiene que haber un incentivo para quie­nes están privados de libertad, que realmente quieran aco­plarse a un programa que pueda brindarle una reinserción y una disminución en su pena como una especie de libertad condi­cional”, mencionó. Si se consi­gue algún oficio o estudio, se podría conseguir la libertad con el 50% de la pena con un control de la persona. “El que es privado de su libertad en muchos casos delinquen por necesidad.