El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Pedro Alliana, aseguró ayer que desde ese cuerpo legislativo no come­terán más el error anterior de otorgar permiso a un legisla­dor imputado para que cum­pla una orden de prisión. “No aceptamos el pedido. Es más, hemos aclarado en más de una oportunidad que come­timos un error la primera vez y no vamos a volver a otorgar permiso para que pueda irse a la cárcel”, indicó al hacer referencia al diputado Ulises Quintana, de Añetete.

Pedro Alliana.
Pedro Alliana.

Señaló también que él está de acuerdo con la pérdida de investidura de Quintana por inhabilidad. “Vamos a discu­tir su caso en bancada, pero yo estaría a favor de la pérdida de investidura por los anteceden­tes que nos estarían enviando desde el juzgado y la Fiscalía”, manifestó. Estas declaracio­nes las hizo en comunicación con Radio 1000 AM.

Al respecto, agregó que la Cámara Baja estaría tratando el caso de la pérdida de inves­tidura en el transcurso de la próxima semana o durante el tiempo que queda del año. Mientras tanto, Alliana ya llamó ayer a la colorada Rocío Abed, esposa del dipu­tado Justo Zacarías Irún, para ocupar la banca, quien ya juró como nuevo miembro del Congreso.

Abed manifestó que su caso no se trata de ninguna usurpación, como se quiere dar a entender desde un sector de la ANR, por­que ella es la suplente número uno por el departamento del Alto Paraná. Es la segunda vez que se sienta en el sillón dejado por el ex legislador. La jueza Ali­cia Pedrozo, quien revisó las medidas otorgadas a Quintana, ordenó el viernes 29 último que el legislador sea remitido nue­vamente a la prisión de Viñas Cué por su presunta vincu­lación con el narcotraficante Javier “Cucho” Cabaña.

Cabe mencionar que el acu­sado había solicitado a fines de setiembre pasado permiso para cumplir con la primera orden de encarcelamiento por el mismo caso, pedido que le fue concedido por Diputa­dos. Tras quedar en liber­tad, ocupó nuevamente su banca, situación que esta vez no podría darse. El mismo fue imputado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico en calidad de cómplice y tráfico de influencias.

En todo momento se había declarado inocente de las acu­saciones, alegando una perse­cución de parte del Ministe­rio Público. Incluso, solicitó la intermediación de la emba­jada de los Estados Unidos por “una grave violación” de sus derechos humanos. Según dijo, ya habían sido descar­tados todos los hechos que se le atribuyen, por lo que debe­ría quedar en libertad.