Las explicaciones brin­dadas por las autori­dades del Tribunal Superior de Justicia Electo­ral (TSJE) y de la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) sobre el proceso de licitación para el alquiler de las urnas elec­trónicas no convencieron a los legisladores. La mayo­ría opinó que el proceso fue amañado para beneficiar a una empresa en particular y que debe ser anulado.

“Sabemos que esta licitación está dirigida y ya sabemos quién va a ganar; el Paraguay será conejillo de indias”, afirmó la senadora del PDP, Desirée Masi. Al tiempo de solicitar la presentación de los currículos de los que participaron de la confección del pliego de bases y condiciones, también pidió que los partidos políticos puedan presentar técnicos auditores del proceso.

Dijo que se tiene que conocer la capacidad técnica que tiene cada uno de los que conforma­ron la comisión, especificando que no tiene nada que ver con la parte política. “Me refiero al resto (fuera de Luis Alberto Mauro y Carlos María Ljubetic) que hizo las especificaciones para que el pliego tenga sentido y sea de un alto nivel”, indicó.

Al referirse al mismo tema, el senador liberal Salyn Buzar­quis indicó que más allá de las cuestiones técnicas, existe un interés político que es innega­ble, empezando por los mis­mos parlamentarios. “Noso­tros sí tenemos un interés político real porque estamos cambiando las reglas del juego. No es poca cosa lo que estamos tratando de hacer”, manifestó.

Abogó porque no se suspenda la utilización de los equipos electrónicos ni la implemen­tación de la eliminación de las listas sábana debido a que las agrupaciones políticas ya han comenzado a preparar sus estrategias sobre la base de la introducción de las innovacio­nes. “Las listas ya se están pre­parando conforme al nuevo sis­tema y la gente está trabajando estratégicamente en su cam­paña de acuerdo al nuevo sis­tema. Y lo más importante es la expectativa que estamos gene­rando a la ciudadanía”, señaló.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, por su parte, sostuvo que los miembros del TSJE y de la DNCP no brin­daron explicaciones sobre los cuestionamientos realizados al proceso. “No les creo nada a los miembros del TSJE. Acá se dio una especie de derecho electo­ral, pero no se explicó absolu­tamente nada”, afirmó al ser consultada por los medios de prensa.

En ese sentido, la parlamen­taria alegó que los miembros del Congreso esperaban acla­raciones con respecto a las acu­saciones presentadas por una de la oferentes acerca de pre­suntas irregularidades que se dieron en el caso. Se hicieron varios cuestionamientos, entre los cuales está que la licitación fue dirigida y que existen varias experiencias que demuestran que el TSJE conoce de ese tipo de manejos, mencionó.

Aclaró que hechos similares ocurren en todas las institu­ciones no solamente en la Justi­cia Electoral, donde se habla de pliegos preparados al nivel de una de las firmas participantes. Recientemente le acercaron documentos sobre ese tipo de hechos que están ocurriendo en la Ande, afirmó.

Pidió más adelante que se haga la cancelación de la adjudica­ción y que se dé inicio a otro lla­mado, pero que sea con la par­ticipación de los partidos en la elaboración de un nuevo pliego de bases y condiciones.

También la diputada liberal Celeste Amarilla habló con los periodistas, señalando que un sector político dio la orden para trabar el proceso. “Con­trataciones debió suspender las licitaciones porque tuvo cues­tionamientos. Fue una impru­dencia”, resaltó.