La libertad ambulatoria otorgada por la jueza Magdalena Narváez al diputado colorado con permiso Ulises Quintana, quien con esa decisión puede volver a ocupar su banca, genera preocupación en el seno de la Cámara Baja porque el proceso aún no está finiquitado. El legislador fue imputado por los agentes fiscales por tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de drogas en carácter de cómplice.

“La resolución aún no está firme. Entonces hay un impedimento dentro del circuito jurisdiccional que se tiene necesariamente que esperar. Creo que es presuroso que el día miércoles (por hoy) él pretenda asumir su banca, ya que la institución ante todo debe preservarse”, sostuvo la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN).

El diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), indicó que el retorno de Quintana puede generar una crisis institucional para el cuerpo legislativo. Dijo que no puede hacer un análisis jurídico del tema porque no es un profesional del derecho. Sin embargo, aclaró que su posición siempre fue que un poder del Estado no debe inmiscuirse en otro poder del Estado.

“Creo que representa una crisis institucional para la cámara, pero él (Quintana) está libre y puede retomar su banca. Es un tema complejo... otros también tienen procesos y están en la cámara”, comentó.

Para el diputado colorado independiente Miguel del Puerto la decisión de la jueza es desacertada porque el caso de Ulises Quintana está catalogado como crimen. “Jurídicamente es un actuar que no corresponde legalmente, ya que su caso está estipulado como crimen. Otros en las mismas condiciones siguen en prisión”, manifestó.

Seguidamente, alertó sobre la gravedad de las acusaciones que son vertidas desde el Ministerio Público en contra del parlamentario colorado, indicando que no se tiene precisión por cuánto puede ejercer su cargo de diputado. “¿Va a estar un mes, dos meses, por cuánto tiempo? Tiene una causa con argumentos muy fuertes en su contra por parte de los fiscales”, resaltó.

El diputado liberal Justo Pastor Vera Bejarano también expresó su cuestionamiento en torno a la libertad otorgada al parlamentario por la Justicia. “La fiscala anunció que va a apelar la determinación, el proceso no terminó. Si bien no tiene limitaciones, sería lamentable si más adelante su caso tiene un resultado negativo para él, si es condenado”, aseguró.

El Ministerio Público está en desacuerdo con la decisión tomada por la jueza Magdalena Narváez de dejar en libertad al diputado Ulises Quintana. La agente fiscal Lorena Ledesma manifestó que apelarán esta decisión antes de los 5 días que tienen como tope. “La revisión de la medida restrictiva de libertad es una facultad que tiene el juez penal de Garantías.

Ahora bien, no coincidimos con los argumentos vertidos en esa resolución, es eso lo que seguramente vamos a recurrir y apelar”, expresó Lorena Ledesma en contacto con GEN y la 970 AM. “Seguiremos con la investigación que acaba el 13 de setiembre y no solamente hay una persona procesada, son 39 personas imputadas, de las cuales 28 se sometieron a proceso. Así que el Ministerio Público debe continuar la investigación ante esta estructura criminal”, agregó la funcionaria.