El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, cues­tionó duramente el proyecto de ley presentado por los senadores del Par­tido Patria Querida (PPQ) Georgia Arrúa, Fidel Zavala y Stephan Rasmussen, en el cual incluyen al Tribunal Superior de Justicia Elec­toral (TSJE) como una de las instituciones en las que los objetores de conciencia pueden llevar a cabo su ser­vicio civil.

“Lo que más me llamó la atención es que ellos hablan taxativamente de la Justicia Electoral, institución con la cual nosotros no hemos hecho ningún tipo de con­venio. No podemos obligar al joven a ir un lugar donde se administran las eleccio­nes y donde de alguna u otra manera va a estar partici­pando en política, cuando la ley habla de que las razo­nes son éticas y religiosas y dentro de esas razones éti­cas está no hacer política o meterse en política”, expresó a radio 970 AM.

La propuesta figura en el punto número 3 del orden del día de la sesión de la fecha del Senado para su tratamiento, lo cual generó la preocupa­ción de parte del defensor del Pueblo por los resultados que pueda tener.

Según expresó, no se les puede obligar a los adolescen­tes a realizar actividades den­tro de una institución como el TSJE “porque no es el lugar más adecuado”. Además, la ley no es punitoria, sino que los interesados deben realizar su servicio social por respon­sabilidad, por compromiso u otro motivo de carácter per­sonal, explicó.

En otro momento, indicó que en el mencionado pro­yecto disfrazadamente se les obliga a los jóvenes a pagar casi 4 millones de guaraníes a la milicia para poder tener la documentación. “Eso es lo que yo entiendo. En cambio, con nosotros se hace la decla­ración de insolvencia y se les entrega el carnet. Para el caso de los chicos pudientes la con­tribución es de 400.000 gua­raníes y no cerca de 4 millo­nes”, aseguró.

Al referirse a la reglamen­tación de la ley que habla sobre el Servicio Militar Obligatorio, expresó que en la misma la Defensoría del Pueblo abre la posibili­dad de que los chicos puedan cumplir con el trabajo civil en las municipalidades loca­les, sin necesidad de salir de sus comunidades.