El ex fiscal general Óscar Germán Latorre lamentó que el juez Elio Rubén Ovelar haya rechazado el pedido de revocatoria de la prisión preventiva del ex ministro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Indert) Justo Cárdenas, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quien había planteado la reversión de la medida provisoria.
Latorre expresó que el caso cumple con varias irregularidades y lo señaló como una “imputación ridícula” y “mediatizada”. Adelantó que el caso podría ser llevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “En este caso en particular, el juez lamentablemente se limitó a reproducir lo poco o nada y contradictorio que dijo la agente fiscal y en cuatro o cinco líneas dijo genéricamente que no concurrían los presupuestos. Yo realmente lamento mucho que sea una demostración inequívoca de un problema gravísimo, los jueces no analizan los antecedentes del caso”, cuestionó el que ahora se suma como defensor de Cárdenas; quien se encuentra hace cuatro meses en Tacumbú.
“Es un caso sumamente grave, muy mediatizado, hay una persona que tiene cuatro o cinco meses de prisión por una imputación ridícula, y ahora los cuatro peritos designados por la fiscalía han concluido inequívocamente que Justo Cárdenas tenía disponibilidad con recursos ilícitos para realizar las inversiones y compras que realizó. Es realmente aberrante de que el juez sin dar explicación alguna haya rechazado el pedido de revocación”, criticó.
Latorre expresó que este caso amerita ser llevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) porque se excluyeron evidencias que debían ser incluidas en las pericias, manifestó. “Maliciosamente, se excluyó del caso el cálculo de los ingresos de Cárdenas, las remuneraciones percibidas por su esposa como funcionaria de Cancillería que solo en el periodo investigado percibió un total de G. 4.500 millones, que no fueron considerados y aún así la propia perito del Ministerio Público concluyó que Cárdenas tenía un saldo disponible descontando todos los egresos que realizó de G. 1.070 millones”, indicó.
Continuó diciendo que en el caso también incluyeron a la madre fallecida del ex funcionario que tiene un ingreso de U$S 1.200 en inmuebles, depósitos bancarios, entre otras cosas. Cuestiona la actuación de los jueces penales que no tienen el coraje de aplicar lo correcto e instó a la Corte para investigar los criterios de la prisión por parte de estos magistrados porque a su parecer “nadie examina realmente si existen méritos de prisión”. “Es muy difícil ejercer la defensa cuando parecería que este es un juego de pícaros en el sentido de que va a ganar aquel que violente más, el que resulte más aprovechado, no importa si existen o no evidencias”, sentenció.