El ex fiscal general Óscar Germán Lato­rre lamentó que el juez Elio Rubén Ovelar haya recha­zado el pedido de revocatoria de la prisión preventiva del ex ministro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Indert) Justo Cárdenas, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quien había planteado la reversión de la medida provisoria.

Latorre expresó que el caso cumple con varias irregu­laridades y lo señaló como una “imputación ridícula” y “mediatizada”. Adelantó que el caso podría ser llevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “En este caso en particular, el juez lamentablemente se limitó a reproducir lo poco o nada y contradictorio que dijo la agente fiscal y en cuatro o cinco líneas dijo genéricamente que no concurrían los presupues­tos. Yo realmente lamento mucho que sea una demos­tración inequívoca de un pro­blema gravísimo, los jueces no analizan los antecedentes del caso”, cuestionó el que ahora se suma como defensor de Cár­denas; quien se encuentra hace cuatro meses en Tacumbú.

“Es un caso sumamente grave, muy mediatizado, hay una persona que tiene cuatro o cinco meses de prisión por una imputación ridícula, y ahora los cuatro peritos desig­nados por la fiscalía han con­cluido inequívocamente que Justo Cárdenas tenía dispo­nibilidad con recursos ilíci­tos para realizar las inversio­nes y compras que realizó. Es realmente aberrante de que el juez sin dar explicación alguna haya rechazado el pedido de revocación”, criticó.

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Latorre expresó que este caso amerita ser llevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) porque se excluyeron evidencias que debían ser incluidas en las pericias, manifestó. “Mali­ciosamente, se excluyó del caso el cálculo de los ingre­sos de Cárdenas, las remu­neraciones percibidas por su esposa como funcionaria de Cancillería que solo en el periodo investigado percibió un total de G. 4.500 millo­nes, que no fueron conside­rados y aún así la propia perito del Ministerio Público con­cluyó que Cárdenas tenía un saldo disponible descontando todos los egresos que realizó de G. 1.070 millones”, indicó.

Continuó diciendo que en el caso también incluyeron a la madre fallecida del ex funcio­nario que tiene un ingreso de U$S 1.200 en inmuebles, depósitos bancarios, entre otras cosas. Cuestiona la actuación de los jueces pena­les que no tienen el coraje de aplicar lo correcto e instó a la Corte para investigar los criterios de la prisión por parte de estos magistrados porque a su parecer “nadie examina realmente si exis­ten méritos de prisión”. “Es muy difícil ejercer la defensa cuando parecería que este es un juego de pícaros en el sen­tido de que va a ganar aquel que violente más, el que resulte más aprovechado, no importa si existen o no evi­dencias”, sentenció.

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