Debido a la falta de diá­logo y coordinación con el Poder Ejecu­tivo para el estudio de facti­bilidad de un anteproyecto, en el Congreso Nacional se genera una colisión de pro­yectos que apunta a bene­ficiar a la gente con tarifas reducidas por el consumo de energía eléctrica. Por un lado, el Senado aprobó el proyecto de ley “Ñane Energía”, que subsidia el precio de la energía eléc­trica de 15% hasta el 90%; mientras la Cámara de Diputados aprobó en gene­ral el proyecto que modifica la ley que establece la tarifa social de la Administración Nacional de Energía (Ande).

Ambos proyectos fueron impulsados por el tarifazo que se viene dando en el consumo de la energía eléc­trica y los masivos reclamos de los usuarios de este ser­vicio. En lo que respecta al proyecto presentado por el senador Víctor Ríos, en representación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se establece el sub­sidio del consumo de ener­gía en varias categorías a través de la Itaipú Binacio­nal y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El subsidio del precio de la energía eléctrica va desde 15% hasta el 90%, en el marco de la tarifa nacional que favorecerá a los usua­rios residenciales, comer­ciales, industriales, de ser­vicios y otros en baja tensión automáticamente, según el consumo registrado. Con este rango se beneficiarán todos los usuarios del terri­torio nacional para acceder a la reducción de los costos.

Mientras tanto, el proyecto de ley “que modifica la ley que establece la tarifa social de la Ande” fue aprobado en general por la Cámara de Diputados; el tratamiento en particular se hará en la próxima sesión. Este pro­yecto establece el subsi­dio de la energía eléctrica para las familias que posean conexión monofásica; ade­más, incluye a las juntas del Servicio Nacional de Sanea­miento Ambiental (Senasa).

Esta ley tiene por objeto garantizar a los usuarios, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, el acceso a los servicios públicos para consumo de electricidad a precios diferenciales. Uno de los puntos discutidos es la potestad que tiene el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que en coor­dinación con las municipa­lidades y las gobernaciones será el encargado de defi­nir a los beneficiarios de la tarifa social mediante la emisión de un certificado de la condición de vulnera­bilidad y cantidad de inte­grantes del núcleo familiar con validez de 24 meses, conforme a las categorías y programas de subsidios establecidos.