Opinión

Por Óscar Tuma

Los tiempos cambiaron, y el garrote fue pasando de mano en mano hasta llegar a las del Ministerio Público que día a día se va desprestigiando a causa del blanqueo de algunos personajes, cayendo sin parada alguna como a un abismo. Hoy tenemos un Ministerio Público que actúa de una manera para con algunas personas y de otra manera con otras, prueba de ello son las constantes denuncias publicadas contra el ex presidente Nicanor Duarte Frutos que no son investigadas por los agentes fiscales que evidentemente están apalabrados para no hacer nada a pesar de las pruebas que abundan en contra de este; y por otro lado los fiscales realizan imputaciones de acuerdo a la simpatía del caso o de donde venga el pedido, siendo esta una práctica nefasta.

La Constitución Nacional garantiza igualdad ante la ley, lo cual al parecer no alcanza al Ministerio Público y a sus agentes fiscales que tienen varios códigos para ser utilizados dependiendo del caso. Esta práctica nos tiene que preocupar como ciudadanos porque hoy son ellos, pero quién garantiza que el día de mañana no seas vos o algún familiar la víctima del garrote fiscal, así como ocurre con Leonardo González, vocalista del grupo The Fenders que, por una broma, producto de la mala intención del periodista de espectáculo que realizaba la nota, hoy tiene un proceso penal impulsado por el agente fiscal Óscar López, de la Unidad Penal Nº 10 de la Sede 1 de Asunción, quien imputó al vocalista por presunción de los ilícitos de incitación a cometer hechos punibles y apología de delito, sin embargo nada hacen contra los corruptos que llevaron medio país a su casa y siguen libres, paseando y para peor de males dando cátedra de honestidad.

Pero si ello fuera poco, hoy el Ministerio Publico hace tabla rasa a la transparencia, todo esto de la mano de la fiscala general Sandra Quiñónez, quien “juró” públicamente dejar ingresar a la Contraloría General a auditar su gestión, pero hoy ya en el cargo cambió de postura y recurrió a la Corte Suprema para evitar ser auditada, y por voto en mayoría de los ministros Myriam Peña y Raúl Torres Kirmser, la Sala Constitucional hizo lugar a la medida cautelar solicitada en la acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscala general.Con la medida cautelar la Fiscalía General tiene la potestad de enviar los documentos que quiera al Tribunal de Cuentas para el control de su gestión y lo que concluya será cosa juzgada.

Este mecanismo sirvió y sirve para eludir la trasparencia y fomentar la corrupción, ya que el Tribunal de Cuentas no tiene la posibilidad de realizar un trabajo en forma por varias razones, es más, tan absurdo es esto que ni siquiera acude “in situ” a realizar su cometido, y se expide solo en relación a los documentos recibidos, lo cual es una perversidad.Hoy abiertamente la ciudadanía desea que todos los corruptos vayan a la cárcel, sin distinción de partido político, religión o de raza, pero para que ello ocurra los agentes fiscales deben dejar de ser selectivos en sus investigaciones, deben procesar a todos por igual, sin distinción alguna, así como establece la ley. Si el Ministerio Público no toma nota de lo que está ocurriendo y no mejora rápido y pronto, el mensaje enviado a la ciudadanía será terrible y desalentador, sin embargo, el mensaje para los corruptos será positivo, ya que sabrán que deberán escudarse en el poder de turno para no ser molestados. Hoy más que nunca los operadores de justicia no deben olvidar lo que decía Paul Auster: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.