La denuncia presentada contra la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, por los delitos de estafa, lesión de confianza, asociación criminal y usurpación de funciones públicas, entre otros, sigue durmiendo en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Hasta el momento el documento ni siquiera fue admitido.
La medida fue tomada luego de que se dieran a conocer supuestas maniobras realizadas por los directivos de la estatal para la adquisición de simuladores de máquinas para el Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP). También fueron denunciados los funcionarios Darío Muñoz (yerno de Bacigalupo), Julio Pessolani y Cristhian Daniel Barba, por los mismos delitos.
La denunciante es la ex directora de Aulas Móviles, Ynés Ríos de Ruggero, quien había solicitado la anulación de la millonaria compra de los equipos mencionados por valor de G. 1.290 millones, porque consideró que la transacción realizada significaba un gasto innecesario para el Estado. Además, indicó que la cantidad de los cursos para este período 2019 fueron reducidos, pero su pedido fue ignorado y los encargados siguieron con el proceso de compra.
Finalmente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) solicitó la anulación de la adjudicación, pero tampoco fue tomada en cuenta. En consecuencia, Ríos fue removida de su cargo y derivada a la sede regional de la ciudad de Capiatá.
Otro funcionario que pagó las consecuencias de querer transparentar los procesos institucionales fue Gino Francesco Ruggero, hijo de Ynés Ríos. El mismo estaba contratado desde hace 3 años, pero tras el hecho fue desvinculado del SNPP, aparentemente a pedido de Bacigalupo.