En su primera sesión ordinaria, la Cámara de Diputados amplió ayer las acusaciones contra el contralor general de la Repú­blica, Enrique García, por los hechos punibles de enrique­cimiento ilícito y lavado de dinero. El planteamiento fue aprobado sobre tablas.

El pedido fue realizado por el colorado Hernán Rivas, quien indicó que es momento de demostrar a la ciudadanía que la Cámara Baja cuenta con “manos firmes” para luchar contra el flagelo de la corrup­ción. García fue acusado por los diputados por mal desem­peño en sus funciones. Los antecedentes se remiten al conflicto entre la empresa Ivesur y la Municipalidad de Asunción cuando ocupaba el cargo de asesor jurídico en el municipio.

Las causales fueron incorpora­das a las ya existentes mediante el acompañamiento de un total de 54 diputados y 3 abstencio­nes. “Hoy somos acusados como la cámara de dilación y siempre la Cámara de Senado­res tira y pica la pelota hacia la Cámara de Diputados, siempre somos tapas de diarios, por eso al inicio de esta sesión quere­mos incluir esto y hacer que el Senado trate este tema que le tiene a la ciudadanía un poco inquieta por todas las acusa­ciones”, mencionó.

“Hoy necesitamos mano firme. Siempre decimos que lucha­mos contra la corrupción y este es el momento. Le pido que se pueda aprobar el proyecto de resolución y poder incluir esto en la causa”, señaló.

Por su parte, su colega Sebas­tián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), indicó que la Contraloría se encuen­tra en una crisis debido a las acusaciones que surgen con­tra García así como diversas denuncias que involucran a los representantes del orga­nismo de control. El legis­lador solicitó al funciona­rio público que presente su renuncia al cargo.

“La Contraloría General de la República se encuentra en una crisis, en primer lugar debo ser claro. Al contralor Enrique García, si le llega este men­saje, yo le solicito que renun­cie al cargo porque si es cierto lo que se dice, acusaciones gra­vísimas así como imputaciones gravísimas, no merece estar un día más en ese cargo”, comentó.

Villarejo añadió que varios jefes comunales son perse­guidos desde la institución por el mecanismo de chanta­jes. “Pero incluso si no fuera cierto una República nece­sita que los hombres respe­ten las instituciones y defini­tivamente la Contraloría hoy está carcomida en la confianza que tiene la ciudadanía hacia la misma. La extorsión hacia los intendentes es moneda de cada día en todos los departamen­tos. Hay una crisis de descon­fianza y falta de credibilidad”, sentenció.