El ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, dijo que los reajustes salariales que se dieron a más de 2.123 funcionarios sin consentimiento del ministerio se realizaron cuando los mismos cargaban los datos en el sistema. Recién en el mes de enero cuando deben de pagar el salario salta una alarma que notifica el aumento.

“Ellos (legisladores) hacen modificaciones en el pleno, donde la ciudadanía se entera por los medios. Tras bambalinas, modifican la carga de datos”, sostuvo Peña en comunicación con la 970 AM. Los aumentos que se dieron escapan del control de legisladores y del ministerio, ya que los funcionarios tienen acceso al documento y tienen autorización para cambiarlos.

Comentó que es una actividad común que se realiza en el Poder Legislativo, cuando el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) está en estudio. Peña indicó que algunos funcionarios aprovechan la oportunidad de cambiar los datos dentro del sistema porque tienen acceso.

En anteriores casos, el ex ministro de Hacienda Germán Rojas había decidido encriptar el PGN para que solo el funcionario de Hacienda designado lo pueda modificar de acuerdo a lo que el pleno apruebe en el Congreso. Pero desconoce si esta administración decidió encriptarlo para evitar estos reajustes.

Recordó que durante su administración pasó lo mismo, tuvieron que revertir el error. Por eso decidieron comunicar a la institución y al funcionario que ese aumento no fue aprobado por el pleno del Congreso.

También dijo que en un caso el aumento recibió la señora de un legislador y la misma no cobró durante 5 meses hasta que se modifique el salario real.

“Ahora va empezar un trabajo difícil del ministerio, de notificar a cada institución y persona que no tuvieron un aumento”, expresó.

En un informe presentado por el Ministerio de Hacienda, los reajustes que se realizaron desde el Parlamento beneficiaron a 2.123 funcionarios permanentes que tienen cargos administrativos en 35 entidades públicas.

En el Poder Legislativo corresponden unos 82 funcionarios (3,8%), en el Ejecutivo 1.319 (62,1%) y algunas entidades autónomas fueron 670 (31,6%) y los 52 restantes (2,5%) en las empresas públicas.