En las declaraciones ofrecidas por Juan Arrom y Anuncio Martí, prófugos de la Justicia paraguaya y sindicados como los secuestradores de la empresaria María Edith Bordón de Debernardi en el 2001, se observan llamativas inconsistencias en sus versiones de secuestro y torturas por parte del Estado, de los que habrían sido víctimas entre el 17 al 30 de enero del 2002 en una vivienda en la ciudad de Villa Elisa. Al comparar sus declaraciones con las de los agentes del Ministerio Público, del forense Pablo Lemir, del fiscal Édgar Sánchez y de Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, saltan notorios aspectos contradictorios. Las hermanas de Arrom y parientes de Martí dieron también sus versiones.