El 2019 será un año preelectoral con miras a las eleccio­nes municipales del 2020, cuando el internismo parti­dario nuevamente marcará la agenda política en diver­sos temas nacionales. La Cámara de Diputados ten­drá una ardua tarea cuando se reinicie el periodo parla­mentario el 1 de marzo del próximo año. Entre los más importantes a tratar está el pedido de juicio político que han presentado contra los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electo­ral (TSJE): Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka.

El libelo acusatorio contra los ministros del TSJE se encuentra en la Comisión de Asuntos Constituciona­les y aún no pudo ser tratado, todo apunta a que ya quedará para el siguiente periodo parlamentario, teniendo en cuenta que esta semana que se inicia es la última del año legislativo. A esto se suma que fuentes parlamenta­rias señalan que aún no se cuentan con los votos nece­sarios para aceptar y derivar el libelo a la Cámara de Sena­dores, que actuará de juez de los ministros enjuiciados.

La Cámara de Diputados arrancará el 2019 con muchos desafíos en un año electoral.

Cabe mencionar que el juicio debe ser llevado a cabo en los primeros meses del próximo año, antes de que la Justicia Electoral realice el llamado a elecciones municipales, que se inician con las internas partidarias de fines de año. Si esto no se da, el juicio podría llegar a entorpecer los comi­cios, teniendo en cuenta que los tres ministros fueron acu­sados y podrían ser destitui­dos. Si se llega a esa instancia, el Consejo de la Magistratura deberá convocar a concurso para llenar las vacancias, pro­ceso que lleva tres meses, como mínimo.

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REFORMA ELECTORAL

Otro de los temas que gene­ran desde ya un debate polí­tico es la reforma electoral, y que ha quedado pendiente para el año entrante. De hecho, el Congreso Nacio­nal ha iniciado con la crea­ción de una comisión espe­cial en ambas cámaras que ha analizado todas las pro­puestas y proyectos que están pendientes de estudio, y la intención es aglomerar todos los proyectos presen­tados y sumar a otras nuevas propuestas como la elimina­ción de las listas sábana y lle­var adelante la reforma. Este mismo debate también se ha iniciado entre los diversos sectores políticos y el Poder Ejecutivo, pero que tampoco avanzó y quedó en stand by.

María Elena Wapenka, Alberto Ramírez Zambonini y Jaime Bestard.

JUICIOS POLÍTICOS

Entre los juicios políticos pendientes, que aún deben ser resueltos en el Congreso Nacional, está por una parte el juzgamiento al contra­lor general de la República, Enrique García. Desde el 5 de julio pasado, el pedido de juicio político a García está “cajoneado” en la Cámara de Senadores, pese a la grave­dad de la acusación contra el titular del órgano contralor.

Otro juicio político que se encuentra en el “limbo” desde el 2014 es el del minis­tro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Zuc­colillo, que la Cámara de Senadores aún no ha con­cluido. Si bien en noviembre de este año logró culminar el proceso y destituir al ex ministro Sindulfo Blanco. Al respecto, también que­dará pendiente para el año entrante la elección del que ocupe la vacancia de Blanco, atendiendo que el receso parlamentario se inicia este 21 de diciembre. Pero, está sujeto a la definición de la terna por parte del Consejo de la Magistratura.

PROYECTOS DE LEY

En cuanto a proyectos legislativos, la Cámara de Senadores tiene pendien­tes temas importantes que generarán un gran debate político durante el 2019 y que son muy controver­siales. Entre ellos está el paquete de 12 proyectos presentados por el Ejecu­tivo, que tienen como obje­tivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado a fin de cumplir con recomendaciones para evitar ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Finan­ciera Internacional (GAFI).

En el aspecto económico también está pendiente el análisis de varios proyectos respecto a elevar los impues­tos al tabaco, bebidas alco­hólicas y azucaradas, así como la de granos en estado natural. Mientras que en la Cámara de Diputados tam­bién duerme el proyecto de ley de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Activos y Pasivos de los funciona­rios públicos a costa del soli­citante. La iniciativa tiene media sanción del Senado a mediados de octubre; en la Cámara Baja sigue sin tra­tamiento.

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