Con un tono hos­til, principalmente contra los periodis­tas del canal GEN y del diario La Nación, Cuevas se vio obli­gado a responder sobre estos nombramientos ayer en la mañana. Rodeado de micró­fonos, cámaras y periodistas, Cuevas aseguró que conoce a losfuncionarios que nom­bró porque son “de su con­fianza”. Un grupo de “hurre­ros” lo esperaba a metros de dondeofreció su improvisada conferencia.

En un primer momento, Cue­vas dijoque no sabía que uno de ellos tenía vinculación con la fiscala que lo inves­tigó. En otro momento, le restó importancia alhecho.

“Y qué tiene, qué tiene que ver que sea esposo de la asistente. La fiscala es la que decide las cosas, la que toma las deci­siones. Dejen de ser usados, dejen de decir mentiras”, espetó Cuevas, visiblemente irritado ante lasconsultas periodísticas.

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Un dato no menor es que ambos funcionarios, al igual que los 52 nombra­mientos que ya hizo Cue­vas, no hicieron concurso de oposición para acceder como directores.

Alex Damián Aguirre Jara era secretario del juez que investigaba a Cuevas.

El 30 de junio del 2018, Miguel Cuevas asumió como presidente de la Cámara de Diputados. En ese entonces,el alto funcionario estaba siendo investigado por la Fiscalía deParaguarí a raíz de una denuncia del concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, quien denunció un faltante de G. 40 mil millones en laGobernación de Paraguarí durante la gestión de Cuevas (2013-2017). Las pesquisas ya estaban por definirse para esa fecha. La fiscala Pereira no encontró dolo en la admi­nistración de Cuevas y el 2 de julio solicitó al juez de Garan­tías BlasFrancisco Cabriza su intervención. El magistrado decidiódesestimar la denun­cia ante las pocas evidencias mostradas porel Ministerio Público.

En el mismo mes que se die­ron estas decisiones fiscales y judiciales, Cuevas nombró como “director de Asuntos Legislativos” de la Cámara a Alex Damián Aguirre Jara. Se trata de un funcionario que hasta mediados del añopasado estuvo trabajando como funcionario judicial de la Circunscripción de Para­guarí, justamente bajo las órdenes del juez Cabriza, el mismo que terminó desesti­mando la causa contra Cuevas.

También en julio, el ex gober­nadorde Paraguarí nombró a Juan Gabriel Espínola Vega como “directorde Proyec­tos en Estudio” de la cámara. Espínola Vega es esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fiscala Sonia Pereira en Paraguarí, la agente que lleva adelante la investigación del caso que involucra a Cuevas.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

Para Cuevas, la serie de publi­caciones que vienen haciendo GEN y el diario La Nación sobre las denuncias en su con­tra obedece exclusivamente a una persecución política por parte del ex presidente Horacio Cartes. El titular de la Cámara Baja aseguró además que su gestión como gobernador no tuvo ninguna irregularidad y que todo lo que se publicó hasta ahora en su contra no tiene asidero.

Juan Espínola, recientemente contratado como director, es esposo de la asistente fiscal Sonia Pereira.

REAPERTURA DEL CASO

Ante las publicaciones que saltaron en GEN y La Nación desde la semana pasada con­tra la gestión deCuevas en la Gobernación de Paraguarí, la fiscala Pereira pidió que se revoque el pedido de deses­timación del proceso contra Miguel Cuevas que firmó el juez Cabriza.

Las publicaciones exponen situaciones muy llamativas como, por ejemplo, la presen­cia de facturascomerciales con mismo número y tim­brado, pero que fueron utili­zadas por la gobernación para entregar a organizaciones campesinas como “aporte” para diferentes programas dedesarrollo. Sin embargo, esos documentos comerciales no son reconocidos como origi­nales por las casas comercia­les que supuestamente expi­dieron esos comprobantes.

Posteriormente, se sumaron más denuncias contra la ges­tión de Cuevas en la gober­nación, como la que presentó el concejal de Ybycuí, Eze­quiel Cáceres, que pidió ofi­cialmente que el Ministe­rio Público revise u ordene revisar todos los cheques emitidos por la goberna­ción durante la administra­ción de Cuevas (2013-2017) entregados a organizaciones de diferentes sectores, pero que no tienen consistencia a la hora de rendir cuentas sobre el dinero desembol­sado. Solamente en el 2017, la gobernación destinó unos G. 2.000 millones a organi­zaciones sociales o civiles sin fines de lucro, según el balance.

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