Llamativamente, cayó el sistema informático Sigor (Sistema de Gestión de Oficinas Regionales) durante los días del escándalo de la carne. Informe preliminar de auditoría en el Senacsa, durante la gestión de Hugo Idoyaga, revela que funcionarios modificaban números de ganado de algunos establecimientos sin consentimiento de sus propietarios para luego fraguar actas de traslado de animales a fin de justificar la cantidad de carne faenada, que en realidad ingresaba de contrabando. La asesoría jurídica del Senacsa presenta hoy una denuncia por manipulación del sistema informático y producción de documentos públicos de contenido falso ante la Fiscalía.

Resultados prelimi­nares de la auditoría, que en estos momen­tos se lleva adelante en el Ser­vicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), durante la administración de Hugo Idoyaga, arrojaron resultados sorprendentes acerca del modus operandi instalado en la institución para fraguar actas de traslado de animales de un estableci­miento a otro, con el aparente fin de justificar el ingreso masivo de carne de contra­bando y otras pretensiones, en abierto contubernio entre algunos dueños de frigorífi­cos, ganaderos y el titular de turno de la institución.

Por ejemplo, se hallaron dos denuncias formales ante el propio Senacsa, que nunca fueron investigadas, por parte de dueños de estable­cimientos ganaderos, quie­nes recurrieron al Sistema de Gestión de Oficinas Regiona­les (Sigor), que es un sistema informático de trazabilidad en el que se encuentra toda la información relacionada al ganado, y se encontraron con la sorpresa de que registra­ron movimientos de ganado, cuando en realidad nunca lo hicieron. Es decir, funcio­narios del área de informá­tica ingresaron al Sigor para hacer figurar que el dueño de un establecimiento registró un movimiento de ganado y de esa manera lograban qui­tar las actas que autoriza­ban los traslados de anima­les, pero la presunción que se tiene es que hacían esto para justificar el ingreso de carne de contrabando.

Pese a que se hicieron las denuncias, desde la adminis­tración de Idoyaga nunca se investigó nada ni se abrieron sumarios administrativos para determinar la gravedad del hecho. Este modus ope­randi se venía implementando desde el 2012 y los funciona­rios que “movían” animales pero desde el registro infor­mático, una vez formalizada el acta de traslado, volvían a car­gar la información de la canti­dad real de animales que había en cada establecimiento.

Los ganaderos difícilmente se percataban de lo ocurrido con sus números de anima­les en el sistema informá­tico porque solo requerían información actualizada del Sigor cuando debían reali­zar alguna vacunación para registrar la cantidad exacta de animales vacunados.

Estos ganaderos que denun­ciaron el hecho se percataron de lo ocurrido porque justo cuando solicitaron la infor­mación del Sigor, sus esta­blecimientos estaban siendo objeto de la manipulación informática. Por ejemplo, debían tener 500 cabezas de ganado, pero solo figuraba en ese momento en el sistema que tenían 100.

Otro hecho irregular detectado a partir de la confesión de algunos funcionarios del Senacsa es que algunos gana­deros, aprovechando el con­tacto que tenían con Idoyaga y sus funcionarios del área de informática, lograron modifi­car la cantidad real de anima­les que poseían en sus esta­blecimientos para así poder obtener mayores beneficios de las entidades financie­ras. Por ejemplo, en la prác­tica tenían 1.500 cabezas de ganado que estaban registra­das en el Sigor, pero hacían figurar que tenían 5.000, para obtener con eso garantías en los préstamos que solicitaban en algunos bancos.

Otro hecho llamativo fue lo ocurrido durante los pri­meros días que saltaron las denuncias del caso Frigo­rífico Concepción y todo el escándalo de la carne, justo en estos días el Sigor cayó; es decir, dejó de operar. A juz­gar por los antecedentes de modificaciones de datos y adulteraciones, se presume que en esos días los mis­mos funcionarios del área de informática hicieron caer el sistema para actua­lizar los datos manipulados. Desde la actual administra­ción del Senacsa confirmaron que hoy, a través de la aseso­ría jurídica de la institución, remitirán estos antecedentes y formularán una denuncia ante el Ministerio Público por la adulteración del sistema informático, además por la producción de documentos públicos de contenido falso. ­

El sistema es utilizado en varios zonas del país y es administrado por Senacsa.

Entre los sistemas informá­ticos de trazabilidad imple­mentados por Paraguay para el control obligatorio del ganado (con carácter de uso oficial obligatorio), es el Sistema de Gestión de Oficinas Regiona­les (Sigor). Este sistema infor­mático está administrado por el Servicio Nacional de Cali­dad y Salud Animal (Senacsa), cuenta con módulos en varias zonas del país.

El Sigor registra datos relevan­tes como el nombre de los pro­pietarios, el establecimiento de origen y de destino del ganado, número, clase, tipo y marca de los animales, altas/bajas (naci­mientos, mortandad, consumo interno, abigeato, inscribe las vacunaciones y el control del movimiento de las vacunas), entre otra información clave a la que se puede acceder de forma rápida en casos de algún evento sanitario.

El Sistema Informático de Gestión de Oficinas Regio­nales (actualmente llamadas unidades zonales), controla la situación y movilidad del ganado en los establecimien­tos ganaderos de las unida­des zonales, en los puestos de control que tiene Senacsa, en ferias ganaderas, frigorífi­cos y otras plantas de elabo­ración y/o procesamiento de productos y subproductos de origen animal habilitados en el país, ayuda en el control de las recaudaciones por la emi­sión de las guías de traslado y transferencia de ganado, entre otras acciones.

Asimismo, el Sigor autoriza todo movimiento de animales mediante la autorización del certificado sanitario llamado COTA (Certificado Oficial de Tránsito de Animales), que es emitido una vez que se hayan cumplido todas las normas establecidas para el efecto.

Luis Gneiting afirmó que Idoyaga también estaba involucrado en un monopolio de vacunas antiaftosa.

Los funcionarios del Ser­vicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) pertenecientes al servicio de Inspección Veterinaria Oficial (IVO) reciben entre 5 millones y G. 10 millones en concepto de sobresueldo de parte de los dueños de los frigoríficos, según denun­cia realizada por el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Gneiting.

“Se les paga 10 millones de gua­raníes a los jefes y 5 millones a los subjefes, es un sobre­sueldo que pagan los frigorí­ficos. No sé si es coima, tengo que verificar si eso es un pro­cedimiento o cómo se hace. Estamos teniendo acceso a todo, hay denuncias, un mon­tón de cosas que no se lleva­ron adelante, hay muchas cosas”, expresó en contacto con radio Monumental. De acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, el presi­dente de la institución, Hugo Idoyaga, estaba en conoci­miento de esa situación, pero que nunca intervino para evi­tar esa práctica.

“Hay gente que sabía y no hizo nada. Los pagos crearon los grandes genios, ellos hicieron eso y tienen que rendir cuentas y ¿vos crees que las autorida­des superiores saben algo al respecto? Dicen que el minis­tro de Agricultura no se tiene que meter, porque no es parte del asunto, porque Senacsa es autónoma y autárquica”, expresó.

El secretario de Estado también reveló un esquema montado por el ex titular del Senacsa, Hugo Idoyaga, que favorece a una funda­ción manejada por ganade­ros, para la implementación del sistema de vacunación antiaftosa que al año mueve cerca de 30 millones de dóla­res. El titular de la fundación es Carlos Trapani y el pro­veedor de la vacuna es Fer­nando Serrati, afirmó. “El presidente de esta funda­ción era Trapani. Se unió Idoyaga, que era encargado de la institución fiscaliza­dora (Senacsa), mientras que Serrati era el proveedor de vacunas”, reveló el ministro de Agricultura.

Ambas acusaciones surgie­ron tras una denuncia pre­sentada en contra del titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Leite, sobre un supuesto pedido de coima de 500.000 dólares al dueño del frigorí­fico Concepción. La denun­cia fue presentada por el ex titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Carlos Trapani, quien afirmó que la solicitud fue realizada por Gneiting para levantar la san­ción impuesta a la mencio­nada firma exportadora por el ingreso irregular de carne desde el Brasil.