Para el 10 de julio fue fijada una nueva audiencia preliminar para Enrique Salyn Buzarquis, luego de más de una decena de intentos frustrados. Es por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas cuando se desempeñaba como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La demanda fue presentada por el actual ministro Ramón Jiménez Gaona ante el Ministerio Público en el 2014. El político liberal deberá presentarse ante la jueza María Griselda Galeano a las 9:00.
Buzarquis viajó a Italia en setiembre del 2012 y durante su estadía firmó un convenio de cooperación con la empresa Anas International Enterprise S.A.P (ANAS S.P.A.), sin contar con la autorización para contratar una consultora nacional ni los fondos para solventar el servicio, que costó unos 600.000 dólares. La operación fue concretada en forma directa y sin un llamado a licitación, en abierta contradicción a la Ley de Contrataciones Públicas. El entonces titular del MOPC no solamente comprometió fondos de la cartera de Estado –500.000 dólares–, sino que también puso en peligro recursos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), consistente en 100.000 dólares.
La actuación del ex ministro puso en riesgo el patrimonio nacional y la imagen del país, pese a que la asesoría no se realizó en su totalidad y que la información no era necesaria, porque ya se contaba con esos datos. Además, firmó el contrato no solo en nombre del Estado paraguayo, lo que de por si es irregular y grave, sino que también lo hizo en nombre de la EBY, cuando en realidad el consejo administrativo de la binacional es la única instancia que tiene facultad para rubricar ese tipo de acuerdos.
Según la denuncia presentada el 24 de setiembre del 2012, en la ciudad de Roma, Italia, Enrique Salyn Buzarquis, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en ejercicio, por una parte, y Pietro Ciucci, presidente de la empresa ANAS S.P.A., celebraron un convenio marco de cooperación entre las dos instituciones para ejecutar tareas en departamentos del Chaco y Ñeembucú. Señala también que al momento de la realización del viaje no existía constancia de autorización del entonces presidente de la República, Federico Franco, para suscribir la contratación de una consultora y tampoco se programó una partida presupuestaria para solventar el servicio.
PRESENTÓ CERTIFICADO FALSO
Enrique Salyn Buzarquis fue imputado por el agente fiscal Alcides Corvalán, a principios de julio pasado, por presentar un certificado de reposo falso para lograr suspender su audiencia en el Poder Judicial. El ex titular del MOPC estuvo el 12 de junio en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay para solicitar refugio político para 4 jóvenes liberales imputados por la quema de la sede del Congreso paraguayo.
El 13 de junio, el dirigente del PLRA debía cumplir con la medida judicial, pero fue suspendida porque su abogado presentó un certificado médico, alegando que su cliente estaba con un fuerte cuadro gripal. La investigación salpicó al doctor Hernán Codas, quien fue el médico que expidió el documento que fijaba un reposo por 72 horas para encubrir su inasistencia.