La Cámara de Diputados aprobó ayer en sesión extraordinaria el inicio del juicio político al contralor general de la República, Enri­que García, imputado por la comisión de delitos y mal desempeño en sus funciones. Igualmente, logró aprobar el pedido de desafuero solicitado por la jueza penal de Garantías.

Tras un largo debate en la Cámara Baja, debido a las pos­turas contrarias de algunos legisladores de la oposición, se logró construir la mayoría de 51 votos, de 73 presentes, para su aprobación. Desig­naron a tres colorados como fiscales acusadores, que lle­varán la causa ante el pleno de la Cámara de Senadores, quedando como encargados: Julio Javier Ríos, Pedro David Britos y Eber Ovelar.

Enrique García.

En el momento de tratar y aprobar por unanimidad el pedido de desafuero, los legis­ladores de la oposición que rechazaron el juicio abando­naron la sesión, cuestionando principalmente la celeridad con la que se estaba tratando el tema, pero además recla­maron que no accedieron con tiempo a los documentos del libelo acusatorio. Jorge Áva­los Mariño, líder de la bancada "A" del PLRA, indicó que no tomaron conocimiento del contenido de las acusacio­nes y solicitó la postergación por 15 días para su estudio.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

Sin embargo, su moción no logró los votos para que pros­pere el pedido. El liberal Víc­tor Ríos cuestionó que "a tam­bor batiente" se esté tratando el tema del juicio político y que su bancada no accedió a las acusaciones. Clemente Barrios (ANR) señaló que los que dan el argumento de que no se conoce el documento de acusación mienten y que la gente se da cuenta de ello. "Entiendo que colegas que hoy se embanderan con la defensa están obligados por solidari­dad. Tienen gente dentro de la Contraloría en altos car­gos. Tenemos que reconocer que nos equivocamos grande cuando elegimos a García", sostuvo.

La acusación contra Gar­cía por comisión de delitos comunes se especifica en la producción de documentos no auténticos. En tanto, el mal desempeño de funciones hace referencia a la asignación irre­gular de viáticos, concesión indebida de privilegios, con­tratación irregular de consul­torías y tráfico de influencias.

EL SENADO JUZGARÁ

El proceso de juicio político tiene sus formas y protocolos que se expresan en el artículo 225 de la Constitución Nacio­nal. Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios, ahora pasa a la Cámara de Senado­res, donde los fiscales acusa­dores estarán representados por los diputados colorados Julio Javier Ríos, Pedro David Britos y Eber Ovelar.

Estos presentarán los cargos por los que es acusado el contra­lor durante un juicio público. Finalmente, a la Cámara Alta le corresponderá juzgar y, en caso de hallarlo culpable, deberá reunir la mayoría abso­luta de dos tercios para apar­tarlo del cargo. En cuanto a la acusación de comisión de delitos, todos los anteceden­tes deberán ser enviados a la justicia ordinaria.

Dejanos tu comentario