La Cámara de Diputados aprobó ayer en sesión extraordinaria el inicio del juicio político al contralor general de la República, Enrique García, imputado por la comisión de delitos y mal desempeño en sus funciones. Igualmente, logró aprobar el pedido de desafuero solicitado por la jueza penal de Garantías.
Tras un largo debate en la Cámara Baja, debido a las posturas contrarias de algunos legisladores de la oposición, se logró construir la mayoría de 51 votos, de 73 presentes, para su aprobación. Designaron a tres colorados como fiscales acusadores, que llevarán la causa ante el pleno de la Cámara de Senadores, quedando como encargados: Julio Javier Ríos, Pedro David Britos y Eber Ovelar.
En el momento de tratar y aprobar por unanimidad el pedido de desafuero, los legisladores de la oposición que rechazaron el juicio abandonaron la sesión, cuestionando principalmente la celeridad con la que se estaba tratando el tema, pero además reclamaron que no accedieron con tiempo a los documentos del libelo acusatorio. Jorge Ávalos Mariño, líder de la bancada "A" del PLRA, indicó que no tomaron conocimiento del contenido de las acusaciones y solicitó la postergación por 15 días para su estudio.
Sin embargo, su moción no logró los votos para que prospere el pedido. El liberal Víctor Ríos cuestionó que "a tambor batiente" se esté tratando el tema del juicio político y que su bancada no accedió a las acusaciones. Clemente Barrios (ANR) señaló que los que dan el argumento de que no se conoce el documento de acusación mienten y que la gente se da cuenta de ello. "Entiendo que colegas que hoy se embanderan con la defensa están obligados por solidaridad. Tienen gente dentro de la Contraloría en altos cargos. Tenemos que reconocer que nos equivocamos grande cuando elegimos a García", sostuvo.
La acusación contra García por comisión de delitos comunes se especifica en la producción de documentos no auténticos. En tanto, el mal desempeño de funciones hace referencia a la asignación irregular de viáticos, concesión indebida de privilegios, contratación irregular de consultorías y tráfico de influencias.
EL SENADO JUZGARÁ
El proceso de juicio político tiene sus formas y protocolos que se expresan en el artículo 225 de la Constitución Nacional. Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios, ahora pasa a la Cámara de Senadores, donde los fiscales acusadores estarán representados por los diputados colorados Julio Javier Ríos, Pedro David Britos y Eber Ovelar.
Estos presentarán los cargos por los que es acusado el contralor durante un juicio público. Finalmente, a la Cámara Alta le corresponderá juzgar y, en caso de hallarlo culpable, deberá reunir la mayoría absoluta de dos tercios para apartarlo del cargo. En cuanto a la acusación de comisión de delitos, todos los antecedentes deberán ser enviados a la justicia ordinaria.