En abril del 2011, en Toro Pampa (Chaco), una avioneta boliviana hizo un aterrizaje forzoso en una propiedad privada. La Policía sospechó que transportaba droga, pero el responsable político de la seguridad nacional no profundizó la investigación. La aeronave fue incinerada para borrar rastros.

En abril del 2011, en Toro Pampa (Chaco) una avioneta boli­viana hizo un aterrizaje for­zoso en una propiedad pri­vada. La Policía sospechó que transportaba droga, pero el responsable político de la seguridad nacional no profundizó la investigación. La aeronave fue incinerada para borrar rastros.

La caída y posterior quema de una avioneta proveniente de Bolivia en el departa­mento de Alto Paraguay, en abril del 2011, al parecer ligada al narcotráfico a juz­gar por las sospechas de la propia Policía del gobierno de Fernando Lugo, tomó estado público a nivel nacio­nal e internacional, por las extrañas circunstancias en las que sucedieron los hechos. Lo más llamativo del suceso fue que surgió el nombre de Thomas Robert Dietze, director ejecutivo de la fundación Kolping Boli­via, como propietario de la nave siniestrada.

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Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, quien fue nom­brado por el ex presidente Fernando Lugo y estuvo al frente de la mencionada cartera estatal desde el 15 de agosto del 2008 hasta el 16 de junio del 2011, una vez más, como en tantos otros sucesos durante su adminis­tración, no demostró dema­siado interés en ordenar una investigación exhaustiva para llegar a los verdade­ros responsables de la aero­nave y para determinar si era cierto que transportaba alguna carga ilegal.

El percance ocurrió el 8 de abril del 2011 cerca de las 18:30, en la localidad de Toro Pampa, situada a 90 kiló­metros al Oeste de Fuerte Olimpo, en la frontera con Brasil. Aparentemente, a raíz de un desperfecto mecá­nico una avioneta Cessna monomotor de color blanco y con matrícula boliviana CP-2576 hizo un aterrizaje forzoso en el predio de la estancia "Niño Jesús", pro­piedad de Dirce Sánchez Samora, de nacionalidad brasileña.

Según relatos de Arnaldo Mongelós, encargado del establecimiento, aproxima­damente una hora después del aterrizaje de emergen­cia dos personas extrañas se acercaron hasta la vivienda que dista a unos cinco kiló­metros del lugar del per­cance. Los desconocidos solicitaron utilizar el telé­fono, además tenían inten­ciones de adquirir una moto­cicleta; presumieron que eran tripulantes de la avio­neta que buscaban huir antes que llegaran las autoridades, ya que ofrecieron US$ 5.000 al encargado de la vivienda a cambio de que guardara silencio. Lo que llamó más aún la atención fue el inte­rés de los desconocidos por conseguir un encendedor o una caja de fósforos.

Mongelós no aceptó el dinero y por seguridad pidió a uno de los peones que fuera hasta el puesto policial situado en Toro Pampa, a 20 kilómetros del estable­cimiento ganadero, para dar parte a las autoridades policiales de lo que acababa de ocurrir con la aeronave. Los desconocidos, alarma­dos por esa decisión, esca­paron a pie perdiéndose en el monte.

El piloto boliviano Roly Martínez Méndez figuraba en la nómina de profesionales de la aeronáutica de su país.

AGENTES NO CUSTODIARON LA AVIONETA Y FUE INCINERADA

Esa noche, pasando las 20:00 llegaron hasta la estancia tres efectivos policiales para constatar la denuncia, pero poco después abandonaron el lugar sin siquiera dejar a un encargado para custo­diar la aeronave, tampoco se sabía aún lo que había en su interior. Sí se pudieron res­catar documentos en los que constataban el nombre del piloto Roly Martínez Mén­dez y su acompañante identi­ficado como Jorge Rivero Koña.

Además, como mencionábamos anteriormente, fue hallado el título de la avioneta en el que Thomas Robert Dietze figuraba como único propieta­rio de la misma y, por ende, de la carga que presumiblemente había adentro. Además de un sello con la inscripción "Umopar aeropuerto hangar. Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico".

Toda esta información puede ser hallada en sendas publica­ciones de la época hechas por el diario Abc Color y el dia­rio La Razón de Santa Cruz, Bolivia (http://www.la-ra­zon.com/index.php?_url=/ nacional/Paraguay-cae-a­vioneta-detienen-bolivia­nos_0_1374462555.html y también en http://www.abc. com.py/edicion-impresa/ interior/sugestiva-conclu­sion-en-caso-de-avion-que-protagonizo-un-aterri­zaje-forzoso-322041.html).

A la mañana siguiente, cuando los policías regre­saron, ya acompañados del comisario Alberto Caba­llero, se encontraron con la sorpresa de que la avioneta fue completamente inci­nerada. En ese entonces, el comisario Caballero deci­dió sumariar a todos los que participaron de la intervención, por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el suceso.

Medios de Bolivia se hicieron eco de la noticia.

DETUVIERON A PILOTO Y SU ACOMPAÑANTE

Roly Martínez Méndez, piloto de la aeronave inci­nerada y un acompañante identificado como Jorge Rivero Koña fueron final­mente detenidos la noche del sábado 9 de abril. Las auto­ridades los encontró cami­nando por la vía pública, con rastros visibles por todo el cuerpo, aparente­mente adquiridos mientras se encontraban ocultos en el monte.

Al ser interrogado por las autoridades pertinentes, los detenidos manifesta­ron que había otros tres tripulantes que se dieron a la fuga, llevando con ellos armas de fuego y un male­tín. Sin embargo, esta teoría no fue tomada en cuenta, ya que -según los investigado­res- los detenidos solamente intentaban desviar el tema para así evitar ser acusados de la quema de la avioneta. Finalmente, ambos bolivia­nos fueron expulsados del país por recomendación del fiscal de Concepción, Celso Morales, quien alegó falta de evidencias.

NO SE INVESTIGÓ A THOMAS DIETZE

A pesar de haber hallado el documento en el que Tho­mas Dietze, director de la fundación Kolping en Boli­via y mano derecha de Hans Drolshag, director ejecu­tivo de Kolping Interna­tional, figuraba como pro­pietario de la avioneta que presumiblemente transpor­taba droga desde Bolivia, las autoridades paraguayas, como por ejemplo la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio del Interior a cargo de Rafael Filizzola, hicieron caso omiso a esos datos y no abrie­ron una investigación seria para saber quién o quiénes estaban detrás del supuesto cargamento que contenía la aeronave y del gran interés de los responsables de elimi­nar las evidencias.

No está demás mencionar que en ese entonces ya se había desatado el escándalo internacional por las acu­saciones hechas por la exdi­rectora de Kolping Paraguay, Brigitte Fuzellier, empre­saria alemana radicada en nuestro país. La misma denunció ante los gobier­nos paraguayo y alemán una millonaria malversación de fondos que habría ocurrido en la fundación antes que ella asuma la dirección a finales del 2007.

Ante el llamativo interés de Hans Drolshag de frenar cualquier tipo de denuncias e investigaciones, final­mente, a través de varias auditorías internacionales, se pudo constatar que efecti­vamente existieron las irre­gularidades, pero no era solo en Paraguay, la corrupción venía directamente de la sede en Alemania a cargo de Drolshag.

Tras el escándalo, Kol­ping Alemania fue obligado a devolver todo el dinero donado por el Gobierno alemán y que fue malversado, al mismo tiempo todos sus directi­vos se vieron obligados a renunciar. Pero llamati­vamente, tras lo ocurrido, Brigitte Fuzellier fue des­tituida y los casos en Para­guay fueron desestimados.

Filizzola ya conocía lo que pasaba en la fundación local Kolping debido tam­bién al pedido de interven­ción de esta organización hecho por representantes oficiales de organizacio­nes sociales ante sospe­chas de uso irregular de fondos alemanes que eran enviados al país para proyectos productivos.

Lla­mativamente, el licen­ciado Guillermo Lezcano Claude, hermano del ase­sor de Lugo, Luis Lezcano Claude (ex ministro de la Corte Suprema de Justi­cia), era en ese entonces el auditor interno de Kol­ping. Es más, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, activista del PDP, que Filizzola preside hoy, fue en esa época y sigue siendo hasta hoy día el representante legal de Kolping Paraguay. Para proteger a su cliente y fre­nar las publicaciones, este renunció a su candida­tura al Senado la semana pasada.

NO QUIERE DAR LA CARA

Hasta la fecha ninguna de las autoridades de la fun­dación radicada en nues­tro país dio su versión del hecho. Desde La Nación nos comunicamos con la insti­tución para conversar con su actual director, Olaf Von Brandenstein, acusado por Fuzellier de impartir una constante persecución en su contra, pero la persona quien atendió la llamada manifestó que por órdenes del mismo el encargado de hablar con la prensa es Mar­cos Blanco, director general del Instituto de Formación Profesional Kolping. ­­­

Ocasionó graves perjuicios en la cartera de Interior

Rafael Filizzola habría sobrefacturado la compra de helicópteros para la Policía Nacional.

El presidente del PDP cuenta con una hoja de vida bastante cuestionada por los malos manejos que realizó cuando fue ministro.

La gestión del actual presi­dente del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, al frente del Minis­terio del Interior estuvo pla­gada de anomalías, según el estudio que realizó la Con­traloría General de la Repú­blica en su informe sobre el ejercicio fiscal del año 2010.

El cuestionamiento del órgano contralor arranca por el contrato de servicios de capacitación para cur­sos de pilotos, operadores de vuelo y mecánicos, por el que el Ministerio del Interior pagó G. 5.834.620.000. Esto afectó los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011.

"El órgano contralor mani­festó que el millonario pago por estos servicios no evi­dencia los procedimientos que justifiquen dichas con­trataciones", señaló en su momento una publicación del diario ABC.

Filizzola autorizó el pago de G. 488.000.000 por el servi­cio para capacitación de pilo­tos en España, sin que existan evidencias de que los cursos se hayan concretado.

"La cartera, en ese entonces al mando de Rafael Filizzola, abonó G. 1.161.600.000 para cursos de operadores policial y mecánico. Pese al pago, no se realizaron estas activida­des", indica la publicación.

EL CASO FILICÓPTERO

El Ministerio del Interior de Uruguay presentó en su momento tres helicópteros del tipo Robinson 44 Raven II, que fueron comprados a 500.000 dólares cada uno, mientras que en Paraguay fueron adquiridas 3 unida­des con las mismas caracte­rísticas, pero que costaron casi 10 millones de dólares al Estado paraguayo.

La operación fue concretada durante la administración del ex ministro del Interior Rafael Filizzola, actual pre­sidente del Partido Demo­crático Progresista (PDP) y esposo de la senadora opo­sitora Desirée Masi, quien estuvo al frente de la institu­ción desde el 15 de agosto del 2008 hasta el 17 de junio del 2011 durante el gobierno de Fernando Lugo. Las maqui­narias fueron proveídas por la firma Proibérica SA.

De acuerdo a la carpeta fis­cal, los helicópteros fueron traídos sin un manual logís­tico y, por lo tanto, no esta­ban en condiciones de ser utilizados. Actualmente, se encuentran inservibles. Los agentes sostienen que con esa operación se produjo un perjuicio del orden de 50.000 millones de guaraníes. Igual­mente, a Filizzola se lo acusa de una malversación de más de 1.300 millones de guara­níes por supuestas irregula­ridades cometidas en la cons­trucción de comisarías.

Los representantes del Ministerio Público asegu­ran que el ex secretario de Estado estaba en pleno cono­cimiento de las negociacio­nes con la empresa Proibé­rica. El mismo estaba al tanto del pliego de bases y condicio­nes y el manejo de la licita­ción que finalmente fue adju­dicada a la mencionada firma.

El esposo de la senadora Desirée Masi fue sacado del ministerio por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por su activa participación en la campaña política de Efraín Alegre a la Presidencia, hecho que molestó a Lugo.

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