El diputado liberal Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencias, soborno, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, planteó varios incidentes en el marco del proceso penal que soporta y, a su vez, se pide su desafuero ante la Cámara Baja.
El parlamentario presentó un incidente de excepción de falta de acción por incompetencia de jurisdicción; es decir, pretende que el caso se tramite judicialmente en Ciudad del Este debido a que el supuesto hecho por el que se lo investiga se habría producido en esa zona del país.
Asimismo, el abogado José Valenzuela, quien ejerce la defensa del legislador, interpuso un recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la resolución del magistrado en la que se comunica el pedido de desafuero a la Comisión Permanente del Congreso y por la cual tiene por recibido el acta de imputación.
Por su parte, el juez Gustavo Amarilla, interino de su colega Julián López, a través de un escrito, indicó que la Comisión Permanente del Congreso Nacional aún no se ha expedido sobre la comunicación realizada por el juzgado con relación al diputado Portillo, quien sigue teniendo fueros. Por lo tanto, se difiere la sustanciación de los incidentes planteados en la presente causa hasta tanto el Congreso se expida sobre el pedido de desafuero.
Estas acciones se plantearon días antes del tratamiento en la Cámara Baja del desafuero de Portillo. Sus pares fueron convocados para el día martes a fin de tratar esta medida. En principio, se había señalado que la comisión trataría el pedido de convocatoria para el jueves. Sin embargo, se fijó la reunión extraordinaria para el martes 16 de enero, a las 9:00.
IMPUTACIÓN
La imputación fue presentada por la fiscala Liliana Alcaraz. El escrito del Ministerio Público indica que se inició de oficio la investigación en contra del legislador como consecuencia de divulgaciones periodísticas realizadas por un medio radial.
Estas consistieron en la difusión de audios en los cuales se escucha al diputado Portillo conversar con una mujer sobre la obtención de una supuesta resolución favorable en un caso judicial a cambio de dinero.