El abogado constitucionalista Marcelo Duarte, en conversación con La Nación/Nación Media, explicó que el juicio político es una herramienta con la que se puede lograr la destitución de algún funcionario de relevancia, como es el caso de la fiscal general de Estado, un vicepresidente o el presidente mismo de la República del Paraguay, pero que es un procedimiento muy delicado y debe ser hecho con responsabilidad.

Se debe recalcar que el juicio político tiene en principio el único fin de separar de sus funciones a quienes hayan incurrido en mal desempeño, actuando así como un mecanismo de garantía para la sociedad contra cualquier tipo de acto que atente contra la República y que haya sido realizado por los enjuiciables desde su cargo público.

“Otro juicio político puede ser solicitado en menos del tiempo establecido, en este caso un año, si las acusaciones lo ameritan, pero en el caso de la fiscal general del Estado se debería analizar el peso de estas acusaciones, ya que se rechazó nada más ayer y cuáles podrían ser las causas tan graves que surgieron”, remarcó el letrado.

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Sobre las acusaciones y el hecho de que la mayoría de estas ya fueron rechazadas en anteriores intentos de juicio político, Duarte aseguró que en el caso del juicio político lo que lo diferencia del juicio penal es que dichas acusaciones pueden volver a ser utilizadas y, en el caso de que se den adhesiones de más causas, se deben analizar nuevamente.

Aclaró además que una de las diferencias entre el juicio político de uno penal es que el primero, a diferencia del segundo, no imparte ningún tipo de castigo, solamente se emplea para la destitución de un funcionario.

“El juicio político puede ser nuevamente impulsado, pero no de la manera en que lo están haciendo los legisladores”, manifestó Duarte, criticando el actuar de los legisladores, que toman esta herramienta y formulan acusaciones en muchos casos sin una base firme que las sustente y las hagan viables.

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