La plenaria de la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas el proyecto de resolución “Que pide informe a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar)”, esto luego de que feneciera el plazo establecido para que la institución reglamente la ley aprobada en abril, mediante la cual se protege a menores de edad de la influencia de tragamonedas.

El pedido de informe fue iniciativa del legislador José Rodríguez, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien en comunicación con La Nación/Nación Media relató que la Conajzar tenía un plazo de 90 días para reglamentar la Ley Nº 6.903/22 “Que establece medidas de protección a menores de edad ante la influencia de las máquinas tragamonedas, regulando la habilitación de juegos electrónicos de azar y su aplicación”; sin embargo, hasta la fecha no hubo avances sobre el tema.

“Hasta el momento esa ley no pudo ser aplicada porque no está reglamentada. El pedido de informe obedece a que venció el plazo de 90 días para la reglamentación de la ley promulgada. Justamente por eso pedimos un informe para saber el estado en el que se encuentra la reglamentación, teniendo en cuenta que los plazos ya fenecieron”, explicó el diputado.

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En el documento se solicita un análisis técnico sobre la reglamentación de la citada ley, que se encuentra en estudio en la Conajzar. “A la fecha existen innumerables máquinas tragamonedas operando en forma irregular a lo largo y ancho del país, razón por la cual es de suma urgencia la aplicación de la mencionada ley”, expresan las argumentaciones del presente documento.

El ente requerido, además de explicar en qué situación se encuentra el estudio de la reglamentación, deberá detallar la cantidad de máquinas sacadas de circulación a la fecha, en coordinación con la OPACI, y se establece un tiempo de 15 días para que la institución requerida evacue las respectivas consultas.

La ley que protege a los menores de edad de la exposición a tragamonedas fue aprobada el pasado marzo y la Conajzar tenía un plazo de 90 días para reglamentar y aplicar la ley, lo que hasta el momento todavía no se hizo y, por ende, las máquinas siguen al alcance de niños y adolescentes, dado que están apostadas en veredas y cualquier tipo de negocio sin que haya un control estricto sobre esto.

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La propuesta legislativa fue presentada en el 2019, pero recién cobró relevancia luego de que una investigación de GEN/Nación Media divulgara sobre las ganancias millonarias que genera este negocio, que se mueve en negro, y sobre lo expuestos que están los menores de edad a estas máquinas que están ubicadas incluso en las inmediaciones de centros educativos.

La investigación había revelado que el negocio clandestino de tragamonedas movía unos G. 3.000 millones y al momento en que se divulgó esta investigación, en junio del 2021, la Conajzar afirmó que no tenían registros de transferencias de los municipios a la mencionada institución en concepto de ingresos provenientes de la explotación de dicho juego de azar.

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