La senadora Esperanza Martínez se refirió al pedido de interpelación al presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Ortíz. La propuesta de varias bancadas del Senado responde a denuncias que se realizaron sobre el negocio de explotación de las máquinas electrónicas de tragamonedas.

En el proyecto alegan que la Conajzar otorgó sin licitación ni ley nacional, como establece la Constitución Nacional, la concesión del cobro de cánones y explotación a una empresa privada que es cuestionada por su perfil financiero y jurídico.

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Según una investigación del Grupo Nación, tanto el Ministerio de Indus­tria y Comercio (MIC) como la Conajzar permiten la explota­ción del negocio sin intervenir. La publicaciones periodísticas demuestran el nulo control de las instituciones estatales en la explotación de los juegos de azar, que permite la clandestinidad de los proveedores de estas máquinas.

El ingreso al país de estas máquinas sería por parte de empresas grandes, cuyas actividades principales figuran como playas de autos, metalúr­gicas, electrónica, etcétera. Aproximadamente son 20 empresas importadoras que ingresaron estos componentes, según los registros de la Dirección Nacional de Aduanas del 2019.

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