El contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó que solicitará una medida cautelar de urgencia judicial para obligar a Itaipú a entregar toda la documentación referente a los gastos sociales. En tanto, anunció que esta tarde recibirá parte de los documentos requeridos a Yacyretá.

Benítez y el subcontralor Augusto Paiva acudieron este lunes ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a informar que hasta el momento no se ha podido iniciar la fiscalización financiera ante la negativa de las binacionales de abrir las puertas a los auditores.

“La Constitución Nacional faculta a la Contraloría a realizar esa fiscalización. Creemos nosotros, por eso estamos intentando hacer esta auditoría, que tenemos la facultad, la competencia para hacer dicha labor”, indicó.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, tiene 60 días de plazo para presentar su informe al Senado. Foto: Gentileza.

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Aclaró que cuando existe obstrucción a la labor de la Contraloría, se activa el recurso judicial, que en este caso será presentado ante un juzgado de primera instancia, conforme adelantó. En última instancia, se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.

“Cuando la Contraloría se encuentra contra algún órgano auditado que se resiste o cierra las puertas, el articulo 20 de la Ley Orgánica establece que el contralor puede solicitar una medida cautelar de urgencia judicial para que le obliguen al ente auditado a entregar la documentación”, explicó y alertó incluso que se podría allanar las instalaciones de las binacionales y utilizar la fuerza pública.

Los argumentos

El contralor dijo que Itaipú envío una nota arguyendo que la Contraloría no tiene competencia para realizar la fiscalización de los fondos socioambientales del margen derecho. Mientras que Yacyretá ni siquiera remitió una contestación, aunque tras mucha insistencia, este lunes comunicó que a través de su asesoría jurídica entregará parte de la información requerida.

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