La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) a velar y controlar el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario en cuanto a la especulación de los precios de los medicamentos realizados por farmacias en plena pandemia“.

La necesidad se da a fin de garantizar el precio justo de los medicamentos, ya que las familias deben lidiar con altos costos y alta demanda, sumado a la angustia de tener a un familiar internado. Se habla de una especulación de precios incluso hasta diez veces superiores al establecido por las autoridades sanitarias.

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Ante este escenario que se vive, piden un estricto control de los precios para que el costo no sea mayor, garantizando adquirirlos a precios justos. “La especulación en la venta de medicamentos en plena pandemia es una competencia desleal y es una práctica abusiva que lesiona la economía del consumidor y que viola el Artículo 6° de la Ley N° 1334/98 ‘De Defensa del Consumidor y del Usuario’; no se puede seguir jugando ni especulando con la desesperación de la gente”, expresa parte del documento.

El diputado Hugo Ramírez considera que las empresas farmacéuticas que son denunciadas por los familiares de pacientes con COVID-19 por supuestamente aprovecharse de la alta demanda y encarecer sus productos, afectando directamente a la ciudadanía económicamente, incurren en una práctica ilegal.

“Esta situación es insostenible; los precios máximos están establecidos por la Dirección de Vigilancia Sanitaria y estos precios son los que deben regir y no el mercado libre como muchas veces utilizan como escudo y excusa“, expresó.

Por otra parte, el diputado Sebastián García también pidió incluir el establecimientos de controles a través de sistemas informáticos sobre el stock de medicamentos con que cuenta el Ministerio de Salud Pública.

Mientras que el diputado Celso Kennedy incluyó un texto para sugerir al Poder Ejecutivo confiscar del sector privado todos los medicamentos que sirvan para el tratamiento del COVID-19 dentro del marco de la “utilidad pública”.

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