La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, dio a conocer su hipótesis en torno al amotinamiento registrado ayer en la penitenciaría de Tacumbú, que arrojó como resultado siete muertos. Al respecto, la funcionaria de Estado apunta contra la corrupción del sistema ventilando las amenazas de represalias recibidas. Agregó que el caso del recluso Orlando Efrén Benítez solo fue un episodio particular que colaboró en el incidente.

“El detonante de todo esto es el descubrimiento de un plan de fuga y el traslado como medida preventiva de Orlando Benítez a la Agrupación Especializada. Creo que es de público conocimiento su perfil y sus antecedentes de haberse fugado de una manera muy violenta de otros centros penitenciarios, por lo cual la información es concreta, además de ser una información cruzada de inteligencia, ya acabada y confirmada”, comentó.

Las declaraciones de Pérez surgieron horas después de la caótica jornada del martes, que generó una gran tensión y varias interrogantes que actualmente pudieron ser aclaradas por la cartera de Justicia.

“Nosotros creemos que el motín se iba a dar de cualquier manera el día en que se concrete la fuga, como un distractor para centrar la acción en contener el motín y no evitar la fuga. Eso es lo que creemos con la revelación del plan o la filtración de la información, entonces se adelantó la reacción negativa que iba a haber en algún momento”, comentó.

La funcionaria de Estado informó que ya se realizó un conteo de todos los reclusos y que “no falta nadie más, podemos afirmar que son siete los fallecidos”. Descartó que lo sucedido en Tacumbú sea una pelea de clanes como lo acontecido en la cárcel de San Pedro.

“En primer lugar no es una pelea o un enfrentamiento como sucedió en el penal de San Pedro, que claramente era del grupo PCC en contra del clan Rotela. En el caso de Tacumbú no hay ese enfrentamiento, justamente nosotros evitamos remitir a dicha penitenciaría a personas que tienen vínculos con el PCC porque le ponemos en riesgo a otros. Los internos niegan pertenecer a un clan, dicen que ahí son todos iguales”, dijo mediante una entrevista realizada en el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN.

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A su criterio, el conflicto apuntaría a la corrupción del sistema, teniendo en cuenta las variadas denuncias que recibieron tras desvinculaciones de funcionarios, que fueron en su momento sumariados o procesados.

“Yo en lo personal tengo mi hipótesis. Desde que asumimos tomamos la determinación de accionar todas las veces que tengamos pruebas de lo que todo el mundo sabe. Todo el tiempo se habla de hechos de corrupción en el sistema, pero vienen a contar y nadie denuncia y nosotros de alguna manera tenemos pruebas, tomamos la determinación de sumariar, destituir o procesar”, dijo.

Agregó que: “El pasado año tuvimos desvinculación del sistema penitenciario de personas que no se les renovó sus contratos, que amenazaron con poner bombas en los penales, otras personas amenazaron con dejar sin guardias a los centros penitenciarios a fin de año, que correría sangre”.

Por otra parte, volvió a recalcar que desconoce que el conflicto haya tenido que ver con cuestiones políticas, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió luego de que comentara que su cargo fue ofrecido al senador colorado y precandidato a la intendencia capitalina, Martín Arévalo, para que declinase sus pretensiones.

“Si las medidas que nosotros vamos tomando generan este tipo de reacciones abiertas, también tenemos reacciones no tan directas. Yo tengo hoy la creencia que este episodio en particular es la suma de muchos factores que estuve manifestando, no encuentro un elemento vinculado puntualmente al esquema de que se había hablado del ofrecimiento del Ministerio de Justicia con este hecho en particular, pero puede ser la suma de muchos factores”, manifestó.

“Ahora yo voy a ser muy sincera, no creo oportuno tener que contestar lo que manifiesta el vicepresidente porque ahora estamos en una situación crítica y a mí como ministra me toca enfrentar, creo que mis energías deben estar centradas en resolver este tema”, refirió.

Recalcó que el mandatario Mario Abdo Benítez le expresó su respaldo tras enterarse de las versiones y recriminó el hecho de que se quiera instalar la idea de que el jefe de Estado estuviese negociando su cargo por debajo de la mesa.

“Cuando surgieron los rumores, el presidente me llamó y me dijo que no iba a negociar cargos y que yo trabaje tranquila y que tenía todo su apoyo. A mí me molestó en lo personal que quieran o se quiera instalar que el presidente por debajo estuvo ofreciendo el cargo, cuando no lo hizo. Cometieron una injusticia con el presidente y no se dijo toda la verdad de como realmente sucedieron las cosas”, sostuvo.

Recalcó que la solución al problema no se centra en construir nuevas cárceles y apuntó a que debe comenzar a trabajar de cero, es decir, impulsar la reforma penitenciaria como una política de Estado.

“Si hacemos un análisis macro, no es lo ideal construir más cárceles. Implica que nosotros tenemos una política criminal netamente represiva, que solo se toman medidas reactivas ante la comisión de delitos y no se busca el origen del delito para combatirlo desde la prevención, que creo yo que hizo Holanda o Noruega y por eso tienen cárceles vacías y no por eso son países inseguros”, dijo.

“Tenemos que apostar a comenzar de cero en un nuevo ambiente con una nueva gestión y ese comenzar de cero implica comenzar con un trabajo totalmente separado a lo que es el sistema con lo que será el nuevo modelo. La reforma penitenciaria debe ser una política de Estado, hoy es una política de Gobierno para ser implementada, pero no es solo un problema del Ministerio de Justicia o del Poder Ejecutivo”, puntualizó.

Añadió que las próximas acciones a realizar tras el conflicto en Tacumbú serán abortar toda posibilidad de fuga, mejorar las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios, entre otros puntos.

“Ahora tenemos que abortar totalmente toda viabilidad en el plan de fuga. Nosotros tenemos que contener el sistema y hacer una reestructuración como plantean los sindicatos de agentes penitenciarios, pero no sé, con el sistema existente apostaremos por eso que nos hará ganar un poco de tiempo, pero nosotros no vamos a reformar el sistema dentro del sistema existente. Eso no funcionará. Tenemos medidas de mejoramiento de las condiciones laborales inmediatas que están a punto de plantearse como la recategorización de los funcionarios”, explicó.

Además resaltó que es muy importante descomprimir el sistema. “Tenemos en Tacumbú 2.450 personas, pero tenemos saturados los otros centros penitenciarios”, finalizó.

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