Las viejas prácticas, como los presentes de cortesía y el “lobby” para conseguir un fallo a favor, serán incluidas en un proyecto de ley de ética pública que viene preparando el equipo de la Secretaría Nacional Anticorrupción. En la reglamentación también se incluiría la presentación de declaraciones juradas de intereses de las autoridades estales.
Así lo adelantó a La Nación el ministro René Fernández y señaló que en breve será presentado al Congreso. “Estamos trabajando en un proyecto, todavía necesitamos hacer unos ajustes y una socialización, son varias propuestas”, comentó y agregó que actualmente no hay un solo cuerpo legislativo que consagra estas figuras, que están en formas diversas, pero no específicas.
Un punto diferencial en la propuesta es que “buscará limitar los viajes, los presentes y que todos los funcionarios declaren en un registro público lo que reciben” cuando cumplen una función para alguna entidad del Estado.
La razón para controlar estas actividades es que “estos presentes de cortesía no son entregados en carácter personal, sino porque son representantes dentro de un carácter de interés publico”, indicó y explicó que incluso buscarán poner un tope de lo que un funcionario público podría recibir o convertir al regalo en un patrimonio público.
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Ley del lobby
También incluirán el régimen de las declaraciones juradas de intereses y la ley del “lobby”, que serían “normas vinculadas no solo a los parlamentarios, sino a todos los funcionarios de entidades públicas, porque es una actividad que se cumple hoy día, pero que no está regulada y que puede ser un nicho para prácticas corruptas”, comentó.
El hecho de que personas físicas o jurídicas representan intereses comerciales y económicos es válido dentro de un estado de derecho, porque necesitan que funcionarios u organismos que administren intereses consideren las propuestas o inquietudes.
Es en este escenario en el que Fernández resalta la necesidad de “transparentar y regular el lobby, para que no se convierta en una oportunidad de corrupción”.
La medida que se implementaría sería establecer agendas abiertas, en las que se presentan las audiencias de los sectores y se transparenten estas actividades que tienen carácter público, concluyó.
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