Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados resolvió guardar por tres meses el proyecto de ley que elimina la jubilación vip de los parlamentarios. Es decir, decidieron analizar la propuesta recién en 90 días.

La proyectista, Kattya González, solicitó que se trate en 30 días, sin embargo no reunió los votos. Su colega Celeste Amarilla fue quien planteó que el proyecto se trate en 90 días, moción que fue finalmente aprobada.

Actualmente senadores, diputados y parlasurianos se pueden jubilar con con tan solo 10 años de aporte, lo que vendría a ser dos periodos en el Congreso y 55 años de edad.

El proyecto generó tanto malestar en Diputados, que cuando Amarilla dio a entender que González sólo presenta proyectos populistas, fue apoyada ampliamente por sus colegas con particular aplauso. A lo que Kattya respondió que dicho proyecto es parte de la agenda preestablecida por su Partido (PEN), por lo que la normativa merece un tratamiento. "Esto es convicción y no populismo”, aseveró.

La diputada Kattya González presentó este lunes el proyecto de ley que busca "Que Abroga la Ley Nº 6112/18 Del Fondo De Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo de la Nación”.

Según expone la legisladora, los senadores y diputados no son trabajadores en condición de dependencia como lo son los funcionarios públicos, quienes deben trabajar y aportar durante toda su vida laboral útil para acceder a la jubilación y que los cargos políticos son cargos electivos en los que se percibe una dieta parlamentaria y no un salario.

En la normativa actual, los congresistas pueden acceder a tres tipos de jubilaciones: la “jubilación ordinaria” con 15 años de aporte (tres periodos en el Congreso) y 55 años de edad para cobrar el 80% del sueldo más gastos de representación; la “jubilación extraordinaria” con 10 años de aporte (dos periodos en el Congreso) y 55 años de edad para percibir el 60% de la dieta más gastos de representación; y la “jubilación por invalidez” en caso de una disminución total o parcial, física o mental, que lo inhabilite para el ejercicio efectivo de su función legislativa.