El abogado Guillermo Duarte Cacavelos negó este lunes haber conversado con el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippmann, para conseguir favores en casos judiciales en los que estaba relacionado.
“Nunca hubo audios míos con Raúl, si cruce de llamadas. Fueron llamadas normales que realiza cualquier persona que trabaja con los que atienden la administración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como de la Justicia”, aseguró el letrado, este lunes en conversación con la 800 AM.
Duarte Cacavelos agregó que solo existió tergiversación de sus declaraciones a la prensa y negó nuevamente haber solicitado favores. “Fueron diálogos que tuve con Raúl para tratar casos de denuncias que teníamos contra ciertos fiscales por la defensa de Rafael Filizzola”, expuso.
El abogado refirió que solo conversaba con Lippmann para solicitar audiencias, para avanzar en denuncias como en contra del fiscal Aldo Cantero y otros, por la imputación que se realizó en contra de Filizzola.
Por otra parte, Duarte rechazó igualmente haber dialogado con Lippmann para trabar el proceso penal de su suegro, Carlos Heisele Sosa, ex titular de la Ande imputado por el pago de montos millonarios a los propietarios de terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV.
“El caso de mi suegro no estaba en el Jurado. Los casos por los que accedía al JEM eran por denuncias de persecución de fiscales, por la falta de fundamento jurídico en la imputación contra Rafael). Casos así como hoy tengo denuncias contra magistrados, son trámites normales en de mi trabajo”, alegó.
Falta de celeridad
Llama la atención que el Ministerio Público no haya imputado al abogado Guillermo Duarte Cacavelos, ex candidato al Senado por el Partido Democrático Progresista (PDP), luego de su confesión de que también se comunicaba y pedía favores al ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann porque necesitaba “operar”.
El pasado 4 de febrero de este año, este último fue acusado por el Ministerio Público por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito en la función pública, tráfico de influencias y lavado de dinero.