“Estamos en fase de investigación, tenemos hipótesis, pero la Fiscalía es la que debe investigar. En las últimas horas se recuperaron 53 baterías en un local, pero hablamos en los tres últimos meses de 1.600 baterías sustraídas. Esa es la dimensión del problema actual”, comentó Ezequiel Gill, gerente de Asuntos Legales de Tigo. “Trabajamos de forma coordinada con el Ministerio Público y el Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía, porque la mayor preocupación que tenemos es que se volvió sistemático este sabotaje y nos están sustrayendo un promedio de 67 baterías semanales, lo que es inaceptable”, agregó.

Cada equipo tiene un valor de 200 dólares, pero para Gill “el costo no es nuestro mayor dolor, sino el resultado, porque cuando se sustrae uno de estos equipos, hablamos de un sabotaje, que hace que cuando la Ande tiene un corte de energía, los servicios caen y el usuario final es el perjudicado, el que queda sin servicio, porque las baterías están ahí para asegurar la continuidad del mismo”, recordó.

ALLANAMIENTO

El viernes 16, una comitiva fiscal y policial encabezada por la agente fiscal Silvana Otazú, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, allanó un local en San Lorenzo donde encontraron 53 baterías. El gerente explicó que las baterías instaladas por las empresas de telecomunicaciones en antenas y en tendidos eléctricos en la vía pública cumplen una función fundamental, ya que son las responsables de garantizar el suministro de energía eléctrica a los nodos y amplificadores de la red de cables cuando se generan cortes en el servicio de la Ande.

“El verdadero valor y la real utilidad de estas baterías radica en que permiten mantener estable el flujo de comunicaciones en la red de telefonía móvil, internet y televisión, cuando se producen cortes de la energía eléctrica proveída por la Ande”, concluyó el directivo.

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