“Se necesitaba gente profesional para investigar. Hace 23 días de esto. El forense hizo el estudio y no consignó las heridas de bala con una clara intención de torcer la investigación”, se quejaba ayer un ciudadano indignado en el micrófono abierto que se dio en la ciudad de Caazapá en la manifestación en que se reclamó justicia para los dos guardaparques asesinados.

El hecho ocurrió el 18 agosto en la reserva Tapytã, donde Rumildo Toledo recibió un tiro en el ojo izquierdo, pero supuestamente el forense Éver Gil adjudicó la muerte a una herida en la clavícula.

Los manifestantes reclamaron acciones a la Policía, a la jueza Blanca Tillería, a la fiscala Gladys Jiménez y a la defensora pública Liza Troche, ya que sospechan que hay intereses políticos detrás. Así se manifestaron familiares y amigos de los guardaparques.

Se presume que los autores del hecho serían los cazadores furtivos Robert Alcaraz González, Braulio Alcaraz González, Ramón Alcaraz González, Hugo Andrés González Sosa y Daniel González Britos.

Nicolás Toledo, padre de la víctima, dijo que estos últimos tendrían apoyo de políticos poderosos del departamento de Caazapá, que estarían evitando su encarcelamiento.