Para las mujeres paraguayas, obtener la prestación alimentaria de los padres de sus hijos, a través de la Justicia, es un calvario. El proceso judicial, engorroso y burocrático hace que muchas madres finalmente desistan y decidan criar solas a sus niños. A pesar de esta situación, el año pasado, se iniciaron 4.190 juicios por manutención y en todo el país hay 120 mil cuentas abiertas por prestación, que mueven unos G. 20.402 millones al año.

Por Aldo Benítez

Ale R. es una mujer de 27 años, que desde setiembre del 2016 viene peleando judicialmente por lograr que su ex esposo cumpla con la prestación alimentaria a favor del hijo de ambos, F, de apenas 2 años. Cuando el pequeño tenía cinco meses, Ale y su entonces marido decidieron divorciarse. En principio, parecía que lo pactado en forma verbal iba a cumplirse, pero rápidamente la mujer se dio cuenta del suplicio que representaría lograr el apoyo económico de su ex pareja.

"Cuando todavía estaba casada y F era muy bebé, yo no trabajaba, me dedicaba enteramente a cuidarle. Luego conseguí empleo, pero me pareció injusto que yo sola tenga que hacerme cargo de todo. Varias veces le dije al papá de mi hijo que necesitaba ayuda, él sabe y tiene recursos económicos, pero se hace el desentendido", explica Ale.

Ale buscó ayuda en la Defensoría Pública de la Niñez. "En la Defensoría me explicaron que el proceso es sencillo, pero lleva su tiempo. Para empezar, no tenían prácticamente abogados disponibles. Entonces, tuve que contratar un abogado para llevar el proceso. Lo pude hacer después de conseguir un trabajo", explica.

La demanda por prestación alimenticia, en el caso de Ale, empezó en setiembre del 2016. A seis meses de iniciado el proceso, todavía no se llegó a una sentencia definitiva. Mucho tienen que ver las chicanas a las que recurre el padre y también el lento proceso del sistema judicial. Ale cuenta que tras el divorcio, su ex marido se comprometió a transferirle un monto de G. 400 mil en forma mensual como ayuda económica para el hijo. Esto fue hace más de un año, pero hasta ahora no recibió un solo guaraní.

Ya en el juicio de Ale contra su ex marido, la Justicia estableció en primera instancia –en octubre del 2016– que el monto a transferir en concepto de prestación sería de G. 500 mil mensuales. En el proceso judicial, el hombre alegó que no tiene un monto seguro de ingreso, por lo que no podía comprometerse a enviar ese dinero. Como hasta ahora no hay veredicto, Ale sigue esperando.

La historia de Ale es similar a la de Jazmín, otra madre de 27 años que también se ve obligada a criar sola a su hijo, de tres años. Sin embargo, en el caso de Jazmín, se presentan otras aristas. Por ejemplo, ella fue la única en reconocer al niño. "Con el papá de mi hijo habíamos llegado a un acuerdo verbal de que me iba a pasar G. 300 mil mensual. Mi hijo ahora está por cumplir tres años y su papá vino a visitarle cuatro veces. Pero ni siquiera en estas visitas cumplió con el monto", dice Jazmín.

Señala que el padre de su hijo jamás se hizo responsable de nada, ni de darle su apellido. Tampoco respondió, por lo que Jazmín no tuvo otra opción que acudir a la Defensoría Pública. "Allí fui asesorada por una abogada muy amable, me explicó toda la burocracia que debía hacer. Primero, establecer una demanda por filiación, luego, empezar los procesos legales para hacer que el papá de mi hijo pueda pagarme la mensualidad", dice.

Cuenta que cuando empezó los trámites para la demanda de filiación, ella misma tenía que llevar las notificaciones hasta la casa de su ex pareja. "Yo tenía que trabajar para mantener a mi hijo, expliqué eso en el Juzgado, pero no había forma de hacerle llegar la notificación. Él vive en Capiatá y yo en Asunción, y tenía que hacer ese viaje para cada notificación", señala Jazmín.

Recuerda que cuando no acordó un monto con el papá de su hijo para hacer una exigencia legal, primero tenía que hacer la demanda por filiación. En estos casos, una vez que la denuncia por filiación esté finiquitada –que de por sí lleva su proceso y tiempo–, se debe buscar la conciliación, y de no prosperar este paso, entonces ahí se pelea a través de la acción judicial para lograr la prestación alimentaria. Todo esto, además de representar un proceso burocrático, significa un desgaste mental y físico tremendo, dice Jazmín.

El patrón es parecido en casi todos estos casos. Los padres de los hijos se olvidan de sus responsabilidades y las mujeres tienen que hacerse cargo de la crianza de los mismos sin ningún tipo de ayuda económica. Ante la serie de trabas jurídicas y burocráticas que representa llevar adelante la demanda, muchas mujeres simplemente renuncian a seguir con los trámites. Y si no es la burocracia las que los detiene, es el miedo.

Una forma de violencia vinculante

Para Mirta Moragas, abogada y especializada en derechos de la mujer, la situación que se presenta con la falta de cumplimiento de la asistencia paterna viene a ser parte vinculante, en muchos casos, de parejas en donde ya existe violencia contra la mujer. "Sabemos de casos en donde, como castigo a la mujer, al niño se lo deja sin protección paterna. Y esto deriva, generalmente, de casos en donde las mujeres ya vienen soportando conducta o actitudes violentas de los hombres", expone.

Sigue diciendo que el proceso judicial está lleno de chicanas jurídicas, en muchos casos los plazos no se cumplen y además existe una feroz morosidad judicial. Sostiene, además, que en el caso de las mujeres que no acuden a este derecho –principalmente del niño– es por temor a sus ex parejas.

La profesional agrega que el sistema estatal de ayuda a las mujeres se vuelve, en ese sentido, revictimizante, ya que hace pasar por procesos casi humillantes a las mujeres que apelan a un proceso judicial para lograr que el hombre cumpla con sus deberes de padre, y principalmente, responda con los derechos del niño. "Las mujeres que judicializan es porque no tienen solución de otra manera", afirma Moragas.

Seguidamente señala que no se trata solamente de lograr un acuerdo económico, sino de buscar el bienestar de la criatura, lo que incluye vestimenta, estudios, espacios de recreación y otros que debe formar parte del proceso de crecimiento del niño. "Es una situación injusta. Estamos hablando más que nada del derecho que tienen los niños de crecer en un sistema de confort, o al menos, con las comodidades básicas", reflexiona la abogada.

Las cifras oficiales y lo que dice la ley

Desde el 2006 hasta febrero de este año, el Poder Judicial tiene registrado un total de 120.302 cuentas abiertas en el sector bancario para la asistencia alimentaria de menores de edad. Es decir, en todo el país, a 120 mil padres la Justicia le retiene un monto –ya sea acordado con la madre del niño– o bien establecido por el Juzgado, a través de un sistema bancario, que se maneja mediante el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Esta cantidad de cuentas abiertas, a su vez, representa un movimiento de unos 20.402 millones en forma mensual, que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos diez años (ver infografía adjunta).

Solamente en el 2016, se registró la apertura de 4.190 juicios por prestación alimentaria, según datos oficiales que maneja el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), entidad que destina 117 defensores públicos a diferentes circunscripciones para cubrir todo el país. Sin embargo, muchos de estos defensores –y principalmente los que están en el interior– tienen más de un área a su cargo, por lo que muchas veces no dan abasto para atender la cantidad de demandas que existe.

El Artículo 97 del Código de la Niñez y Adolescencia dice que el padre y la madre del niño o adolescente tienen la obligación de proporcionarle una alimentación suficiente y adecuada a su edad, además de brindarle educación, recreación, habitación y asistencia médica. Igualmente, la ley prevé una pena carcelaria de entre dos a cinco años para los padres que no cumplan con los montos establecidos en juicio.

Ante la cantidad de hombres que dejaban de atender con la prestación alimentaria a sus hijos, en setiembre del 2015 se publicó la Ley Nº 5.415, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), un sistema que rastrea a los padres con cuentas abiertas y que no cumplen con el monto acordado para la manutención de sus hijos.

Asesoramiento en la SNNA

Para Leticia Jiménez, directora de Asesoría Legal de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA), la falta de prestación alimentaria por parte de los padres a sus hijos es una situación que se repite con frecuencia en nuestro país, y eso se refleja en los casos en donde esta Secretaría toma intervención. Por este motivo, tienen un servicio destacado para dar asesoramiento a las mujeres que requieren hacer la demanda o seguir juicios contra los padres de sus hijos.

Jiménez aclaró que si bien la SNNA es un órgano administrativo –por lo que no puede tomar intervención en los procesos judiciales– lo que hacen es asesorar a las madres, ya sea en forma presencial o por llamadas telefónicas. En lo que fue del 2016, la SNNA dio asesoramiento presencial a 76 mujeres, mientras que por vía telefónica se atendieron 30 casos.

"Lo que hacemos es asesorarles a las madres. Les contamos que existe la Defensoría Pública, para que puedan hacer los trámites en caso de demanda, ya sea por prestación o por filiación. Les aclaramos que no tiene ningún costo en ambos casos", explica Jiménez y añade que contar con una prestación alimentaria es un derecho del niño consagrado en los instrumentos internacionales y en las leyes nacionales.

Muchos casos al año

La doctora María Amalia Rachid Montiel es una de las 9 defensoras públicas de Asunción que trabaja en Niñez y Adolescencia y que atienden por lo general los casos de denuncias contra padres por prestación alimentaria. "Hay que decir que nosotros atendemos generalmente a mujeres de escasos recursos, que no tienen para pagar por un abogado", explica Rachid Montiel. Agrega que, en su turno, le tocó atender 90 casos, de los cuales 70 eran por prestación alimentaria.

Si bien los números no son definitivos, marcan una tendencia sobre el aumento en las denuncias por prestación alimentaria, una situación que no se compadece solamente de un sector social, sino que abarca a toda la sociedad paraguaya, explica Rachid Montiel. No obstante, los casos que atiende la Defensoría son de aquellas mujeres que no tienen cómo pagar un abogado.

En la Defensoría no dan abasto ante tantos casos y ni siquiera se puede medir la cantidad de mujeres que directamente renuncian a este derecho de sus hijos.