El pasado 13 de agosto, el agente fiscal Jalil Rachid de la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente imputó a Rogelio Ferreira Martins, por los hechos punibles de procesamiento ilícito de desechos en la laguna Cerro, ubicada en la ciudad de Limpio. Así también, solicitó su prisión preventiva. La expectativa de pena por el hecho señalado asciende a 10 años de cárcel.

Hoy, el propio fiscal confirmó que aún no se dio lugar a la audiencia porque en el juzgado de Limpio todos están con COVID-19 positivo y fueron a cuarentena. “No se puede hacer la audiencia. Calculo que la próxima semana se estaría llevando a cabo y de acuerdo a eso ya resuelve el juzgado”, afirmó en contacto con La Nación.

El profesional que lleva a su cargo el caso se siente muy seguro de que darán lugar a su pedido. “Yo creo que van a hacer lugar a mi pedido porque es demasiado contundente lo que yo presenté”, dijo.

Expresó que de igual forma, desde la Fiscalía siguen con los trabajos en el caso y que las investigaciones no se detuvieron. “Yo sigo trabajando e investigando. Le cité a indagatoria a la directora del área de Dirección de Calidad y Gestión del Mades en la causa”, resaltó.

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Luego de que el Juzgado de Luque, a cargo del juez Enrique Inocencio Sanabria Torrez, rechazó la medida cautelar de urgencia presentada para el cierre definitivo de la empresa Waltrading, por la magnitud del daño causado a la laguna Cerro y otros incumplimientos constatados, fiscal explicó que el pedido del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible fue un error, por eso el juez rechazó.

“Ellos plantearon mal eso, claro que le van a rechazar. Jurídicamente estaba muy mal el planteamiento”, manifestó Rachid.

Dijo además que el pedido del ente no estaba en forma y que el magistrado no podía hacer lugar a algo mal planteado. “Ellos presentaron una acción civil y el juez rechazó, por ello solo pidieron la medida cautelar. La medida cautelar solo se puede pedir dentro del marco de un juicio y no hay juicio. No demandaron, ellos no iniciaron la acción civil contra los dueños”, explicó.

Agregó que si el juez le daba lugar, cualquiera puede ir a pedir que se cierre tal local sin un juicio previo. “Entonces cualquiera puede ir al Juzgado de lo Civil y pedir la medida cautelar y suspensión de un local. No se puede”, aclaró.

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El fiscal ratificó que el Ministerio del Ambiente debió presentar una demanda e iniciar una acción civil ordinaria y dentro del marco de ese juicio pedir la media cautelar. “Sí o sí le iban a dar, pero no hicieron. No sé qué es lo que pasa dentro del Mades, un desastre es”, afirmó.

Afirmó que la empresa Waltrading SA ya no sigue operando, ya que durante las últimas visitas la pileta donde se realizaban los procedimientos estaba seca. “Hay movimiento de camiones que están retirando la materia prima que sobró. En la última visita, la pileta de procesamiento de efluentes estaba seca ya no estaban trabando con eso”, resaltó Rachid.

Agregó que todo lo que se está retirando es bajo estricto control del Mades y aclaró que no puede hacer que administrativamente retiren sus cosas. “El funcionamiento como tal ya no está”, concluyó.

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