“Nosotros tenemos un sistema de cooperación con Brasil, cada institución con su par. Pero, la parte nuestra (como Ministerio Público) es netamente jurídica”, dijo Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, sobre la fuga masiva de la cárcel de PJC.

La titular del Ministerio Público confirmó que son 75 los nombres que pasó la fiscal de la causa, sobre la cantidad de fugados. Algunos de ellos habían solicitado medidas alternativas. “El fiscal Alberto Pecci estaba luchando para evitar que dos o tres de los que se fugaron ahora, salgan en prisión domiciliaria. Esta semana se logró dejar sin efecto la resolución de un juez de Pedro Juan Caballero”.

“En el transcurrir de las horas se irá sabiendo mejor a qué facción pertenecen estos fugados. Estamos trabajando netamente en la recolección de datos y elementos para la investigación”, aseguró. La labor apunta a asegurar la evidencias que permitan saber cómo se produjo la fuga e ir deslindando las responsabilidades de quienes no tendrían participación en la fuga de 75 miembros de la organización trasnacional Primeiro Comando da Capital, PCC.

Quiñónez explicó que además de su tarea principal, el Ministerio Público está colaborando con los demás estamentos involucrados y que dentro del caso están para expedir órdenes de detención y allanamiento. Las fiscalas Irene Álvarez y Reinalda Palacios están trabajando sobre el caso.

Sobre los fugados, la fiscal general explicó que son todos de alta peligrosidad. “A lo mejor algunos fueron apoyo logístico de estas organizaciones, pero fueron capturados en procedimientos donde actuaron tanto la policía como SENAD y el Ministerio Público”.

En relación a la seguridad de las autoridades amenazadas por estos grupos, se encarga el Ministerio del Interior de tomar las medidas necesarias.