Ante epidemias surgidas, anteriormente, por mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, chikungunya, fiebre amarilla o zika, las diputadas Roya Torres (PLRA–Alto Paraná) y Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), presentaron un proyecto de ley “Que sanciona los actos que propicien la proliferación de criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades”.

Según la exposición de motivos, estas enfermedades causadas por mosquitos son un flagelo que no solo ha costado la vida de muchos compatriotas, sino que genera un gasto inmenso en los recursos que posee el Ministerio de Salud en el tratamiento de personas que las padecen.

Añade que la eliminación de criaderos de mosquitos es la única solución para la erradicación y para ello se realizan campañas de concienciación, prevención y mingas ambientales, pero que en algunos puntos del país, igualmente, se registraron miles de casos positivos del dengue.

Reportes del Ministerio de Salud Pública detallan que, de acuerdo con los patrones registrados en la última década, para el año 2020, existen altas posibilidades que se desate una epidemia importante de dengue, parecida a las reportadas en los años 2013 y 2016.

“Ante ello, con este proyecto de ley, se busca establecer penas, principalmente, para quienes no cooperan con los propietarios de inmuebles que en su interior, poseen criaderos de mosquitos vectores de enfermedades”, explican los proyectistas.

En efecto, el artículo 2 de este proyecto establece que “todo propietario de un inmueble, en el que se reporte la presencia de agua estancada, criaderos u otros lugares en donde se pueda observar la presencia de larvas de mosquitos y que haya sido, debidamente, emplazado por las autoridades competentes para eliminarlos y no lo haya realizado así, será pasible de pena privativa de libertad de 6 a 18 mesesy multa de 100 a 300 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas”.

Estipula, igualmente, que la autoridad de aplicación, será el “Consejo Local de Lucha Contra el Dengue y otros”, que será integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las gobernaciones y municipalidades.

Esto es con el fin de establecer todo el proceso de concienciación sobre estos flagelos sanitarios; actividades necesarias para combatir la proliferación de mosquitos transmisores y; en casos graves, recomendar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública a remitir los antecedentes a la Fiscalía General, para proceder a la aplicación de sanciones previstas en esta iniciativa.

La normativa también dispone que el importe de las multas percibidas por la aplicación de este proyecto, sea destinado al financiamiento de campañas de prevención y compra de materiales necesarios para la erradicación de los mosquitos transmisores.

Tras su ingreso oficial, el documento fue girado a las comisiones asesoras para su estudio y consideración.