Esta mañana, en la localidad de Loma Grande, un grupo de personas presuntamente lideradas por Andreas Pfeifer y Gustavo Taboada protagonizaron hechos violentos, agrediendo verbalmente al director del Centro de Salud local, doctor Ivan Cerda. También pintarrajearon su camioneta, arrojaron basura dentro del vehículo y rayaron parte de la chapería del móvil.

En contexto, había una movilización que se estaba desarrollando en contra de la fábrica de carburo de silicio, Archer S.A., que opera en el citado distrito, cuando se precipitaron los hechos.

El médico se encontraba en el Centro de Salud prestando servicio a los pobladores, aplicando la vacuna contra la influenza.

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Así quedó el vehículo del galeno.

Entonces – según testigos – los manifestantes ingresaron a gritos hasta el puesto de salud y vociferaron todo tipo de improperios contra el galeno.

No contentas con las agresiones verbales, al salir del centro sanitario, las citadas personas arrojaron basuras al interior del vehículo del médico estacionado en el lugar y pintarrajearon el vehículo particular del profesional, mientras seguían profiriendo gritos amenazantes contra el doctor Cerda.

De acuerdo a los presentes, el lamentable evento habría sido consecuencia del informe que el médico dio a las instituciones que requirieron sobre la supuesta contaminación que genera la producción de carburo de silicio en la comunidad de Loma Grande.

Fuentes refirieron que la empresa Archer S.A. lamenta lo sucedido y que presentará todas las pruebas a las autoridades pertinentes considerando la oleada de agresiones y atropellos que viene soportando por parte del grupo que protesta por la operación de la fábrica en esta zona.

La rayadura en la chapería de la camioneta.

La empresa está cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en materia de protección del medio ambiente, así las pertinentes en cumplimientos tributarios, tanto a nivel nacional como distrital, agregaron las fuentes.

"Considera asimismo que la violencia no es el camino para resolver algún conveniente que pudiera existir entre la comunidad y la empresa. Aguarda que las autoridades nacionales puedan garantizar la seguridad jurídica para la libre operación de la fábrica así como la protección de los ciudadanos de la zona", finalizaron.

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