Se cumplió en Buenos Aires, Argentina; la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur con la presencia de delegaciones de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay. El fiscal general del Estado Javier Díaz Verón participó junto al fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Santiago González Bibolini; el director de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán; y sus respectivos asistentes.

Díaz Verón, con sus pares, firmó la declaración sobre 7 temas clave para los Ministerios Públicos de la región: Independencia, Sistema acusatorio, Cooperación internacional, Corrupción, Acceso a la Justicia, Violencia de género y de Lesa humanidad.

Los Procuradores y Fiscales Generales de la Región reafirmaron que los Ministerios Públicos deben contar con independencia, autonomía y recursos para ejercer adecuadamente sus funciones, asignadas por las respectivas Constituciones y legislaciones internas. "Resulta imperioso que los Ministerios Públicos puedan actuar libres de todo tipo de presión, injerencia, hostigamiento o amenaza por parte de cualquier otro actor público o privado", señala el documento.

Además, consideran fundamental la cooperación internacional en la persecución de la criminalidad, especialmente en aquellos fenómenos delictivos de características transnacionales.

Díaz Verón mantuvo reunión con el fiscal de Corte y procurador General de la Nación uruguaya, Jorge Díaz Almeida. El Fiscal General expuso la situación de los 4 ciudadanos que solicitaron refugio en aquel país. Ambos fiscales generales conversaron sobre los canales de cooperación internacional en materia penal y sobre el caso particular de los refugiados, desde la perspectiva jurídica.

El agente fiscal Hernán Galeano, quien lleva adelante el proceso abierto por la supuesta fabricación de bombas Molotov, requirió a inicios de la pasada semana que el Juzgado Penal de Garantías ordene la captura internacional de los ciudadanos paraguayos; Rubén Moisés Galeano Cáceres, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Luis Osvaldo Sánchez González y Brian Esteban Martínez Jara, procesados por supuesta trasgresión a la Ley de armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines.

También se reunió con su par del Brasil, el procurador general Rodrigo Janot, con el que trató asuntos relacionados a la cooperación internacional entre ambas instituciones. De manera particular, conversaron sobre el estado del proceso de extradición de Flavio Acosta Rivero y la tramitación del caso ante el Supremo Tribunal Federal del Brasil, así como la ampliación de la extradición de Vilmar "Neneco" Acosta, quien ya fue extraditado y guarda reclusión en nuestro país. Vilmar y Flavio Acosta fueron procesados por el Ministerio Público, en la causa que investiga la muerte del periodista Pablo Medina y su compañera y Antonia Almada.

Durante XXI Reunión Especializada de Procuradores y Fiscales Generales del MERCOSUR, ante los hechos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos meses y afectan especialmente a nuestros países, destacaron que la única forma de perseguirlos eficazmente y dar respuestas a la sociedad frente a este tipo de criminalidad es con Ministerios Públicos fuertes, autónomos e independientes, en el marco de un sistema acusatorio y dotados de los recursos necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones.

Asimismo, declararon que estos fenómenos delictivos, especialmente cuando forman parte de la criminalidad económica compleja, deben ser enfrentados de manera conjunta y coordinada por los Ministerios Públicos que son los que tienen un rol fundamental en su investigación y persecución. Dicha necesidad de trabajo se acentúa cuando esa criminalidad compleja presenta características transnacionales.

Asimismo, conversaron sobre el acceso a la justicia para aquellas personas en condición de vulnerabilidad, así como promover su participación en el sistema de administración de justicia es una responsabilidad compartida por los Ministerios Públicos.
También respecto a la Violencia Contra Las Mujeres, los Procuradores y Fiscales Generales de la región, expresan su convicción de que la violencia de género y su expresión más extrema —los femicidios/feminicidios— son una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales que afectan gravemente a las mujeres de toda la región.